Los ecologistas se movilizan contra la reforma de la Ley de Costas

 

La plataforma arrancó con cinco organizaciones ecologistas como son Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO-Birdlife, WWF y GOB de Baleares pero ya son más de 200 las organizaciones que se han unido a la iniciativa y 5.000 los ciudadanos que apoyan las protestas.

El objetivo fundamental de la campaña es «impedir que se lleve a cabo una reforma de la Ley de Costas, que consideramos que está en vigor y que ofrece una buena cobertura para la protección», explicaba el sábado Óscar Esparza, coordinador de áreas Marinas Protegidas de WWF.

Esparza desgranó en el Puerto de Roquetas algunos de los aspectos que más preocupan a los ecologistas sobre los planes del Gobierno con lo que se vendrá a denominar como Ley de Protección y Usos Sostenible del Litoral, «un nombre que no demuestra lo que va a ser», dijo. Entre otros aspectos, el proyecto «no da seguridad jurídica, que era uno de los factores que estaban queriendo conseguir, ni da una protección de la costa ya que lo que se protege son los intereses privados y particulares de la costa».

Entre las medidas más criticadas, los grupos de defensa del medio marino critican que las concesiones pasen de 30 a 75 años, «lo que se hace es dar una patada hacia adelante al problema en lugar de aportar una solución». La modificación planteada permite la venta de concesiones, lo que «está fomentando la especulación» y «se recogen muchas excepcionalidades, con lo que se crea mucha inseguridad jurídica, se hacen leyes a medida para privatizar ciertos núcleos urbanos en algunos sitios de España».

Dominio público

También se critica la reducción del dominio público marítimo-terrestre de 100 a 20 metros en determinadas zonas y una desprotección de lugares de gran interés medio ambiental como son las salinas y las dunas fósiles. Tampoco se tienen en cuenta los efectos del cambio climático, «cuando hay previsiones que el mismo Ministerio acepta y afirman que de aquí a 100 años habrá un aumento del nivel del mar y de la intensidad de los temporales, esto produce también bastante inseguridad ya que todas las infraestructuras que hay en primera línea de playa estarán sometidas a un desgaste mayor y el Estado tiene que hacerse cargo del mantenimiento de estas infraestructuras».

Altos costes

Además de los costes de mantenimiento, la modificación de la Ley de Costas del Gobierno tendrá unos altos costes económicos «que no se han analizado», según avanzó ayer Esparza, y que se producirán «cuando los ciudadanos lleven a juicio todos los deslindes que se quieren hacer, ya que se quiere volver a deslindar por ejemplo toda la isla de Formentera y eso lleva unos costes que no se han estimado, puede ser una reforma que nos salga muy cara a todos los españoles».

En este sentido, WWF ha recordado que más del 95% de la costa española está deslindada y que Costas ha ganado casi todos los recursos que ha habido en estos años en los tribunales, «con lo que una revisión de los deslindes podría generar bastante inseguridad».

En el encuentro con los medios también participó Jorge Sáez, coordinador del Medio Marino de Ecologistas en Acción, que aseguró que con la modificación de la Ley de Costas «por primera vez en una ley no todos los ciudadanos son iguales, queda claro porque sin ningún criterio base se sacan ciertos municipios de la necesidad de deslindar el dominio público marítimo-terrestre». Sáez apuntó a intereses privados y mencionó por ejemplo los intereses que el empresario vinculado al PP, Abel Matutes, tiene sobre las marismas de la Bahía de Cádiz e Ibiza, a pesar de los cuales, el propio Matutes reconocía hace una semana haber participado en la redacción de la modificación. Motivo por el que según el responsable de Ecologistas en Acción se ha interpuesto ya denuncia ante la fiscalía de Medio Ambiente de Baleares y se estudia hacer lo mismo en Cádiz.

Más duro fue Francisco Toledano, coordinador de Promar, quien aseguró que «nuestra costa se ha sometido a un auténtico pillaje impulsado por los políticos y consentido por los jueces y fiscales de la provincia de Almería». Un «pillaje» que a su juicio queda patente en el Poniente, donde «no hay municipio, desde Adra a Roquetas de Mar que se libre» y con «casos sangrantes como El Algarrobico y Macenas»

Para Toledano, «si con la anterior ley se podía hacer lo que les diera la gana a especuladores y corruptos, la nueva viene a decirles que hagan lo que les de la gana», dijo ayer a los medios.