Amat afirma que, ante la ampliación del Teatro Auditorio, "había que haber parado la obra" y licitarla

Así, ha señalado que el Consistorio era conocedor de las implicaciones de la modificación del proyecto de ampliación y terminación del inmueble ya que "se dijo el día del pleno cuando se modificó la partida presupuestaria", sentido en el que ha justificado que se mantuvieran los mismos precios a la baja en la licitación de la obra.

"La sentencia lo que dice es que se podía haber parado la obra", ha manifestado Amat sobre el fallo del Alto Tribunal que apunta que la variación contractual producida menoscabó el principio de publicidad y concurrencia de la licitación ya que el Ayuntamiento adjudicó en el año 2000 la obra por un precio de 7.063.094,25 euros y en diciembre de 2003, se aprobó un presupuesto complementario y de terminación por importe de 8.408.159,34 euros.

En cualquier caso, el regidor roquetero ha defendido que "no ha habido enriquecimiento ilícito" por parte de nadie y que "no se ha trastornado absolutamente nada los intereses municipales" puesto que "pese a que se podía haber hecho de otra manera", ha recordado que "había partida consignada" e "informes favorables tanto de Cultura como de la Diputación, como de los técnicos correspondientes".

En este sentido, la sentencia explica que la modificación fue informada favorablemente por el técnico municipal pero contó con el informe desfavorable del secretario municipal, del Consejo Consultivo de Andalucía y del interventor, quien "puso de manifiesto que la diferencia entre el importe de la modificación y el crédito disponible era superior al gasto autorizado".

Amat, que ha restado importancia al contenido del pronunciamiento al indicar que "prácticamente es nada", ha considerado en que el fallo "lo único que dice es que el PSOE había pedido a unas cosas y no se las han aceptado".

Posteriormente, el Consistorio ha indicado a través de una nota que la sentencia "certifica la inexistencia de desviación de fondos ni daños al interés general" con lo que la anulación del modificado de obras "se produce por una cuestión meramente formal por realizarse el modificado una vez concluidas las obras", sentido en el que asegura que los efectos del fallo "no serán jurídicos" con lo que "no hay consecuencia alguna ni sobre el Ayuntamiento ni sobre la empresa constructora".

"AGILIZAR" LAS OBRAS

Con esto, añade que desde el Ayuntamiento "asumimos y respetamos la resolución del Alto Tribunal sobre la anulación", pero manifiesta que "Roquetas merecía una instalación de este tipo y el Ayuntamiento debía agilizarla en la medida de sus posibilidades siempre atendiendo a una interpretación de la ley que cumplíamos según la primera resolución emitida por el Contencioso-administrativo de Almería, y que ahora el TSJA dictamina al contrario de la opinión municipal, e incluso, de la primera instancia judicial".

El alcalde roquetero ha incidido también en que "desde el Consistorio no podíamos permitir la construcción de una instalación que se quedará pequeña a los pocos meses de inaugurase" de manera que ha ahondado en que "como han demostrado los años, el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar debía tener más de 500 butacas de lo proyectado inicialmente, a la vez, de estar dotado de los mejores y más modernos avances técnicos que produjeran la magnífica sonoridad, los extraordinarios espacios y la idoneidad de la instalación, como han certificado los artistas de renombre internacional que han pasado por sus tablas".

Así, añade que los criterios formales de la aprobación en cuanto a los modificados "son los cuestionados y anulados por la sentencia" que no entra en "el fondo del asunto ni la cuantía pagada por su construcción". Amat se reafirma en su argumentación y ha querido dejar claro que "la sentencia está ahí, y no ha probado que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar haya pagado por la construcción del Teatro más de los que se tenía que haber pagado, por lo que ningún perjuicio se le ha causado a la arcas municipales".

El primer edil de Roquetas de Mar ha insistido en el "criterio meramente formal" de la sentencia, como prueba que "el Consistorio, por no pagar, no ha sido ni condenado a costas ni tendrá que realizar procedimiento alguno en cuanto al teatro se refiere, ya que la sentencia no tiene efectos ni jurídicos ni administrativos".