Vía libre del pleno de Roquetas a la licitación de la explotación de la residencia y el servicio de ayuda a domicilio

Se trata en ambos casos de dos contratos que llevan ya tiempo caducados y en los que el Ayuntamiento ha previsto un gasto total de poco más de 16,4 millones de euros en cuatro años. En concreto, el contrato de la residencia estima un gasto para las arcas municipales de 8.625.415 euros por 4 años prorrogables 9 meses más. Esa misma duración es la estimada para la prestación del servicio de ayuda a domicilio, que se licitará, según lo acordado en el pleno, por 7.784.229 euros.

Ambas licitaciones generaron debate en el pleno con las intervenciones de los portavoces de IUTDEQ y PSOE, Juan Pablo Yakubiuk y Manolo García respectivamente.

El primero de ellos defendió la gestión municipal de este tipo de servicios y ante las negativas del PP, se preguntó cómo están haciendo otros ayuntamientos con mucha menor capacidad para recuperar servicios en su día privatizados. Yakubiuk echó en falta en estos dos puntos un estudio sobre la privatización del servicio, recordando que en el contrato de Urbaser en su día sí se hizo y advirtió que con la aprobación de ambas licitaciones se cerraba la puerta a la remunicipalización.

El portavoz socialista por su parte aseguró que el pliego no está actualizado y pidió su retirada para que los técnicos los revisen, ya que según advirtió no se contemplan en ellos los protocolos de la Junta por la Covid-19. «Luego vendrán las 'madresmías' y las subvenciones», dijo recordando el caso de Urbaser aprobado minutos antes, donde «por no hacer el pliego como había que hacerlo ahora nos cuelan un millón de euros dos años después».

Desde el equipo de Gobierno del Partido Popular su portavoz, José Juan Rodríguez, negó que no estén contemplados los planes de emergencia por la Covid-19 en los pliegos de ambos servicios, puesto que según él en esos documentos se recoge que los planes de emergencia por la Covid-19 son de obligado cumplimiento para las empresas. En cuanto a la remunicipalización, Rodríguez insistió, como dijo también en el caso de Urbaser, en que «no se puede introducir personal a la administración pública sin haber concretado un proceso selectivo» por lo que los puestos de trabajo de las empresas correrían peligro.