Juzgan al exportavoz del PSOE en Roquetas por presunto fraude en cursos de formación

A todos les atribuye la supuesta comisión de delitos de pertenencia a grupo criminal, continuado de falsedad documental y fraude de subvenciones, por lo que los cuatro se enfrentan, asimismo, al pago de multas de 469.507,50 y 3.600 euros y a la pérdida de la posibilidad de obtener ayudas públicas y el derecho de gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un periodo de cinco años.

El escrito de calificación provisional, consultado por Europa Press, indica que, en 2006, los cuatro procesados se habrían «concertado» para crear un «entramado» de empresas y obtener a través de las mismas diversas subvenciones que la Junta de Andalucía iba a otorgar para impartir cursos de formación. El fiscal, quien les achaca un «intención de obtener un ilícito beneficio» y «conocimiento» de la «ilicitud» de las conductas que pensaban cometer, sostiene que, dentro de este supuesto «plan preestablecido», justificaron «falsamente» el gasto presupuestado de los cursos en diversas partidas, «utilizando», remarca, «este entramado para ocultar el destino real del dinero».

Así, detalla el Ministerio Público que crearon, por un lado, la sociedad Academia Infosol presuntamente «ex profeso» para la obtención de subvenciones ya que «la totalidad de ingresos» percibidos «procedían» de dinero público. Cifra en 383.085 euros los obtenidos en subvenciones desde 2009. La Academía Infosol SL habría registrado como gastos en tres años 24.757,62 euros que se imputaron supuestamente a otra empresa creada por los acusados en 2008, Orden Simétrico SLU, y otros 46.869,19 euros, también en tres años, que habrían «imputado» a la sociedad Ormar Informatic, también administrada en distintas etapas por alguno de los procesados.

El fiscal señala que, dentro de este supuesto «plan», en 2010 presentaron una solicitud para la obtención de una subvención que sería concedida al amparo de la Resolución de 10 de julio de 2010 por un importe de 158.502,50 euros. Con este montante recibido por Academia Infosol debían realizar cuatro cursos de formación -Informática de Usuario, Iniciación a la red Internet, Empleado de Oficina y Financiación de Empresas- pero el Ministerio Público sostiene que hubo «irregularidades» ya que «aparentaron» el cumplimiento de las condiciones exigidas para así disponer del dinero y «simularon» que se estaban llevando a término todas las previsiones contenidas en la memoria descriptiva presentada junto a la solicitud.

«Los acusados utilizaron las empresas antes mencionadas, controladas por ellos mismos, para documentar una serie de facturas de gastos inexistentes que fue remitida posteriormente al Servicio Andaluz de Empleo para así justificarlos indebidamente«, describe. Añade, entre estas supuestas »simulaciones«, el arrendamiento de las instalaciones donde se desarrollaban los cursos por 15.340 euros a favor de Ormar Informatic »no habiéndose producido pagos en este concepto entre las dos empresas« o la adquisición de material didáctico consistente en carpetas de temario a Orden Simétrico SLU por valor de 9.328,68 euros »no habiéndose producido nunca esa compra ya que los cursos se impartieron sin él, debiendo los alumnos tomar apuntes o hacer fotocopias en el propio centro«.

La Fiscalía recoge, asimismo, que el salario percibido por la acusada que desempeñaba la labor de administrativa pero que cobró presuntamente cuantías de hasta 10.200 euros por horas de clases en cursos que impartió otra persona y por dirección y coordinación de cursos que no llegó a ejercer. «Todas las facturas y documentos justificativos reseñados fueron posteriormente incorporados al expediente administrativo del SAE con el fin de cumplir con el deber de justificación y rendición de cuentas previsto en el artículo 100 de la Orden de 23 de octubre de 2008, ocultando así la irrealidad de los requisitos expresados y supuestamente cumplidos en la solicitud de subvención», concluye el escrito de acusación.

Al margen de las penas privativas de libertad y de las multas, el Ministerio Público interesa que los procesados indemnicen en la cantidad de 156.502,20 euros a la Junta de Andalucía por la subvención indebidamente percibida.