«La Justicia lenta acaba siendo injusticia»

Campos adquirió un chalet de casi 200 metros cuadrados con piscina y parcela a un precio de 250.000 euros, bastante por debajo del precio de mercado, al tratarse de una vivienda embargada por el banco por el impago de las dos hipotecas que pesaban sobre ella de los anteriores propietarios.

Sin embargo, lo que en principio parecía una excelente oportunidad, ha generado a Ricardo y su familia un auténtico calvario judicial, que les está pasando factura, y no solo desde el punto de vista económico, también en su salud mental. Y es que pese a que la vivienda está a su nombre y se formalizó la compra, los antiguos propietarios se niegan a abandonarla y llevan tres años aprovechando los mecanismos legales pensados para proteger a los más débiles en caso de impago, para dilatar el proceso de desahucio.

Los que ya se han convertido en 'okupas', propietarios de un conocido restaurante del municipio, se niegan a abandonar la vivienda y han llegado a denunciar por acoso a Ricardo Campos después de que tras adquirir la casa llamara para preguntarles cuándo se pensaban marchar de una casa que ya no era suya.

Por el caso, como por tantos otros que se tratan en Roquetas de Mar, una de las sedes judiciales más conflictivas de Andalucía, han pasado ya tres jueces diferentes, en un proceso que se está eternizando y que está acabando con los ánimos de Ricardo Campos y su familia. Tras una dura batalla legal, el actual juez ha acabado dando la razón al legítimo propietario de la vivienda, pero ahora se está a la espera de que se inicie el proceso de lanzamiento, que por el momento no tiene fecha.

Los antiguos propietarios alegan que son personas mayores sin recursos ni ingresos, casos que la ley ampara. Sin embargo, según el actual dueño de la vivienda su situación no es ni mucho menos de desamparo, cuando se permiten tener varios abogados que ralentizan todo el proceso a base de recursos e incluso cuentan con limpieza y jardinero. Además, asegura que tienen varios pisos, locales comerciales y plazas de garaje, aunque eso sí, no a su nombre.

Sin apenas ingresos

El matrimonio apenas declara a Hacienda unos ingresos que no llegan a los 5.000 euros anuales entre los dos, algo que «ningún mortal se puede creer», teniendo en cuenta el restaurante que regentan.

Ricardo Campos se muestra convencido de que «si esto le pasa a alguien sin recursos, ya los habrían desahuciado», porque no se podrían permitir la defensa legal que están teniendo «y probablemente no serían tan caraduras».

Campos se lamenta de la lentitud de la Justicia en España y particularmente de Roquetas de Mar, y hace unos meses elevó al Consejo General del Poder Judicial una queja de su caso, que al parecer se está investigando. En su opinión, los jueces están mostrado una «complicidad sin saberlo».

Niega ser «insensible» ante los casos de personas que por una mala racha pierden su casa y no tienen posibilidades de encontrar una alternativa para vivir, pero sí cree que este no es el caso y que los jueces deberían ser más exigentes a la hora de comprobar que se cumplan los criterios legales que amparan las situaciones de desamparo de las personas sin recursos. En este sentido, califica su situación de «efecto colateral» de lo que considera un «exceso de proteccionismo» del sistema que beneficia a los que no tienen escrúpulos.