La Junta espera autorización judicial para restaurar el paraje del vertedero clandestino de Roquetas de Mar

Así lo han trasladado a Europa Press fuentes del Gobierno andaluz una vez transcurridos más de cuatro meses desde que la Audiencia Provincial de Almería declarara firme el fallo que condenaba al propietario de los terrenos a dos años y un día de prisión por un delito agravado contra los recursos naturales y el medio ambiente así como al pago de una multa de 2.526 euros.

La vasta parcela llegó a acumular casi 19.000 metros cuadrados de residuos entre residuos agrícolas, como tomates y melones, restos de construcción, neumáticos, plásticos de invernadero e incluso las basuras derivadas de la limpieza viaria del municipio.

En este sentido, desde el Gobierno andaluz también se abrió un procedimiento sancionador al investigado por esta causa que, no obstante, «se archivó» después de tener constancia de la sentencia condenatoria, con base en el artículo 31 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

De forma paralela al procedimiento penal, la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya) inició de urgencia la redacción de la primera fase de un plan destinado a restaurar los terrenos que sirvieron de acopio y almacenamiento de residuos de distinto origen y procedencia.

La propia Junta reconocía el «evidente riesgo medioambiental» que suponía la existencia de los residuos que durante años se acumularon «de forma descontrolada y no autorizada», incluso en «zanjas sin impermeabilizar» sobre el propio suelo o con su quema en alguna de las cinco fincas afectadas, que suman cerca de dos hectáreas.

La investigación que efectuó el servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) durante las visitas a las parcelas tasaron los daños causados al ecosistema entre en casi 3,6 millones de euros.

El «acopio incontrolado de residuos» se extendió desde 2012 hasta el 29 de septiembre de 2022, cuando se acordó el precinto de las instalaciones por parte del Ayuntamiento roquetero. Las fincas llegaron acumular restos peligrosos y no peligrosos sin las prescripciones necesarias para impedir la contaminación del suelo y de las aguas superficiales y subterráneas.

En sus inspecciones, los agentes del Seprona constataron la existencia de restos de plantaciones de invernaderos, otros acumulados de maderas y enseres domésticos mezclados con plásticos y neumáticos, así como plásticos agrícolas repartidos en unos 2.000 metros cuadrados. También se hallaron en otras parcelas residuos de construcción, basuras domiciliarias, neveras y aparatos eléctricos.

En otra de las parcelas se comprobó cómo se había procedido a realizar una zanja de unos 12,5 metros cuadrados en la que se vertieron «lo que parecían ser aguas residuales» procedentes de saneamientos de viviendas o instalaciones industriales.

También se halló una extensión de 800 metros cuadrados de los restos de la limpieza viaria realizada por la empresa Urbaser, concesionaria entonces del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, con una cota máxima de tres metros.