Juicios de 20 minutos en el 'pequeño Vietnam' de los juzgados de Roquetas

Este juzgado vive situaciones tan dramáticas como tener que celebrar en una mañana 30 juicios, a razón de 20-25 minutos cada uno, y eso contando con que no tenga guardia de violencia de género, que obligaría a suspenderlos si entrara algún caso urgente, ya que tienen preferencia. La situación se está aguantando porque el resto de jueces se reparten muchos de sus casos y ayudan en las guardias.

El número 3 es el caso más extremo, pero los problemas son similares en el resto de juzgados, lo que ha motivado una inusual movilización en los juzgados de Roquetas, que ha unido a jueces, abogados y procuradores en la misma lucha. El problema no solo se traduce en espectaculares retrasos –un divorcio puede necesitar cuatro años en resolverse, con lo que ello supone a la hora de organizar la custodia de los hijos o las visitas– también afecta a cuestiones tan delicadas y directamente relacionadas con la seguridad como las investigaciones policiales. Francisco Martín, juez decano, advierte que con la actual situación, un atestado penal en el que la Guardia Civil pide medidas judiciales contra un investigado, puede tardar en llegar a la mesa del juez hasta cuatro o cinco meses, por lo que «cuando llega, a lo mejor las medidas que piden ya carecen de sentido». Unos tiempos que no ayudan en nada a combatir una delincuencia creciente en la zona, a la que están llegando bandas organizadas criminales procedentes de otros lugares como el Campo de Gibraltar huyendo de la presión policial.

Es el día a día del 'pequeño Vietnam', como en entornos judiciales se conoce al partido judicial de Roquetas de Mar, un destino al que nadie quiere ir por su elevada litigiosidad y que actualmente está cubierto en su mayoría por jueces de la última promoción. Llegan sin experiencia, lo que suma un plus de lentitud en las tramitaciones de los casos, y se van en cuanto pueden, lo que eterniza muchos procesos.

Ejemplo de ello es el propio juez decano, una figura de autoridad por su experiencia en la plaza, y que en el caso de Roquetas lleva solo tres años. Francisco Martín Huete, titular del número 2, ha decidido quedarse por cuestiones de arraigo familiar, pero casi todos salen del municipio en cuanto pueden, quedarse supone renunciar a ascender, lo que explica el espectáculo que se da en casos mediáticos por los que han pasado más de media docena de jueces en otros tantos años. «Cuando se empieza estás más inseguro y eso hace que te pienses más las cosas», explica Martín, que reconoce que cuando hay procedimientos complejos, «queman, y si saben que no van a estar mucho tiempo no lo van a mirar, y el siguiente juez va a hacer lo mismo».

Claudio García, titular del juzgado número 5, uno de los jóvenes, reconoce que en la situación actual probablemente se marche cuando pueda, ante la imposibilidad de ascender y la cantidad de problemas que hay en este partido judicial. Como el decano y el resto de jueces, cree que la clave está en el ascenso a magistrados, que estabilizaría las plantillas, y advierte que en la misma situación de Roquetas están casi todos los juzgados de la provincia menos los de la capital. «Dentro de dos o tres años, como esos jueces asciendan a la categoría de magistrados, puede haber una desbandada», alerta.

El ascenso de categoría de los juzgados de Roquetas, que depende del Gobierno de España y que tendrá que esperar hasta la llegada del octavo juzgado según Subdelegación, permitiría contar con jueces con experiencia, que además se quedarían en el destino más tiempo o incluso de forma permanente. «Necesitamos que los jueces controlen su juzgado porque llevan tiempo aquí, que sepan lo que se necesita en su juzgado y que haya más funcionarios en cada uno de ellos», comenta el titular del número 5, para el que «cuando el juez controla el juzgado y sabe cómo funciona, todo va rodado».

El ascenso implicaría también más recursos. Solo en personal administrativo cada juzgado se reforzaría con un funcionario más, además de refuerzos en servicios comunes, que la Junta se ha comprometido a poner en marcha tan pronto como se produzca el paso a magistrados.

Ese salto de categoría es el «flotador» -en palabras del juez decano- más urgente que necesitan para mejorar una situación que no deja de agravarse. «Esto se hunde», advierte Martín Huete, que destaca el esfuerzo de todo el personal y de las fuerzas de seguridad, que también trabajan en condiciones muy precarias. El juez decano, de hecho, muestra su apoyo a las peticiones de un nuevo cuartel de la Guardia Civil tras visitar las actuales instalaciones: «Se me cayó el alma al suelo cuando las vi», asegura, calificando de «tercermundistas» las condiciones. En este sentido, también apoya la creación de una comisaría de Policía Nacional, otra ausencia inexplicable en una ciudad de más 100.000 habitantes y que bajo su punto de vista se justificaría plenamente solo por la presión existente en materia de Extranjería.

En esa lucha por unas condiciones dignas y plantillas más estables, los jueces no están solos, también cuentan con el apoyo de los que representan al justiciable, es decir, abogados y procuradores, cuyos delegados en Roquetas también denuncian la situación.

El representante de los abogados, Rafael Torres, califica lo que está pasando en Roquetas de «aberrante». «No se están garantizando los derechos de los ciudadanos», explica a IDEAL. Torres cree que lo que ocurre ejemplifica el eterno problema del municipio roquetero, al que su cercanía a la capital cierra puertas a la hora de conseguir servicios.

Este abogado confirma que la situación es tan extrema que «los abogados de la provincia prefieren no llevar casos de Roquetas, sobre todo cuando les tocan las guardias del número 3, que saben que es una aventura. Cuando tenemos que atender a alguien en el 3, por la tarde ya no damos citas en los despachos porque no sabemos cuándo vamos a acabar».

Una problemática que también sufren los procuradores, que son los que están en los juzgados y hacen de intermediarios. Su representante en Roquetas, María Dolores Fuentes, reconoce que «sufrimos de primera mano esos retrasos». «Tenemos al abogado y al cliente que nos presiona para sus procedimientos avancen, y nos encontramos en el juzgado al funcionario que está colapsado y no puede, que hay que esperar y esperar porque no hay más medios. Todas las medidas son supernecesarias en Roquetas», afirma esta veterana procuradora con más de 30 años de experiencia, para la que esto «es algo crónico en Roquetas, es así desde siempre y la pandemia ha venido a agravar todavía más ese retraso».

Un análisis en el que coinciden todos, la pandemia ha aumentado exponencialmente la carga de trabajo en unos juzgados ya de por sí colapsados y, aseguran, no será suficiente con el séptimo juzgado anunciado ahora, que apenas rebajaría la presión de los otros seis.