Un juez de Roquetas decreta el ingreso en prisión de una mujer por maltrato animal en una supuesta protectora

En esta ocasión, el juez ha acordado su ingreso en prisión después de comprobar que continuaba dedicándose, pese a la prohibición y a la causa judicial abierta, al comercio ilícito de animales de compañía bajo la falsa apariencia de diferentes asociaciones y protectoras publicitadas en redes sociales, si bien tomaba algunas precauciones como un cambio de nombre.

Según el auto de prisión, «la actitud demostrada por la investigada desde que se inició la causa no viene sino a evidenciar una absoluta impudicia y un descaro relativo al cumplimiento de las normas y de los mandatos judiciales». Tal falta de respeto a las normas de convivencia social, indica, «no se reconduce con pronunciamientos cuya efectividad dependa, aun parcialmente, de la buena voluntad de la investigada», por lo que «únicamente la adopción de medidas de carácter más coercitivo puede contribuir a cesar dichas actuaciones».

En este sentido, recuerda que ha estafado a un elevado número de personas que, de buena voluntad y creyendo en que la investigada actuaba con ánimo de ayudar a los animales, «confiaron en ella, le entregaron cantidades de dinero que pensaron encaminadas a sufragar gastos veterinarios de dichos animales y, en ocasiones, se desplazaron cientos de kilómetros para recogerlos».

Además, explica que a lo largo de la causa ha resultado acreditado que, pese a presentarse como una persona amante de los animales y dedicada a su protección, su única intención era lucrarse, puesto que los animales se encontraban en pésimas condiciones de higiene, originariamente en un piso sin ningún tipo de control y cuidado, presentando algunos de ellos enfermedades (como el parbovirus) para las que dichas condiciones resultaban, precisamente, contraproducentes, tal y como se le indicó por parte de los veterinarios. La situación de los animales era tan precaria que al menos en nueve ocasiones los animales fallecieron al poco de ser entregados a sus nuevos dueños.

Y por último, explica, como fundamento para adoptar la decisión del ingreso en prisión que a la investigada «le ha resultado completamente indiferente haber estado detenida, que se le esté investigando en un proceso judicial y que se le haya prohibido realizar actividades con animales. Ella ha continuado adelante con su actividad, tomando algunas precauciones adicionales (a todas luces insuficientes) para ocultar la misma, como, por ejemplo, emplear el nombre de una tercera persona»«. Así, la investigada ha demostrado que las ordenes judiciales no suponen para ella más que pronunciamientos vacíos de contenido, sin ningún tipo de implicación personal o atadura», motivo por el que sólo cabe medidas más coercitivas.