El juez acuerda el archivo de otras dos piezas separadas de la conocida como 'Trama Amat'

En el caso de Arkimedes, esta empresa cuenta con el sobrino del alcalde, Francisco Javier A. V. como administrador único y tramitó entre 2003 y 2006 un total de siete expedientes urbanísticos en el municipio, tanto licencias de obra mayor, como tramitaciones de planeamiento urbanístico, habiendo sido analizado especialmente un estudio de detalle del sector 33 del PGOU ( 18/2004) y otro estudio de detalle en el sector 6 (19/2004), ambos en la zona de Las Colinas.

En ambos el Ayuntamiento respondió que los expedientes fueron expuestos al público y no hubo alegaciones, ni recursos ante su aprobación.

En cuanto a la Junta de Andalucía, informó el pasado mes de septiembre que en el primer caso el estudio de detalle «no se adecua a la normativa administrativa vigente en el momento de su tramitación» y aumentaba la altura máxima a tres plantas, modificando la ordenación establecida en el plan parcial. También en el caso del sector 6, la Inspección Provincial de Ordenación del Territorio informó que «se produce un incremento de unidades de viviendas construibles que afecta a la densidad y edificabilidad global de forma contraria al PGOU».

Pese a todo, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento provisional del procedimiento «por no quedar debidamente justificada la perpretación del delito analizado en los expedientes administrativos», según consta en el auto al que ha tenido acceso IDEAL. En su argumentación, la Fiscalía explica que en los expedientes hay informes favorables de la Comisión de Urbanismo, del jefe de Sección de Servicios Jurídicos y del director del PGOU «sin que ninguno apreciase irregularidad alguna o falta de adecuación a la normativa vigente».

La Fiscalía argumenta, igualmente, que si bien el informe de la Inspección Provincial de Ordenación del Territorio reconoce que los estudios de detalle no se ajustan a la normativa y tenía que haberse hecho una modificación del plan parcial o general «en las decisiones adoptadas en pleno del Ayuntamiento de Roquetas y del alcalde no se aprecia la concurrencia de requisitos de tipo penal de prevaricación en cuanto al apoyo de la decisión en informes favorables». Además, también considera que «existiendo una obligación de abstención por el alcalde por su vinculación familiar, una resolución administrativa conforme a ley y cuyo sentido hubiese sido el mismo, no solo no tendría relevancia penal, sino tampoco administrativa».

Un análisis, el de la Fiscalía, que comparte el juez en su resolución, que cita entre los argumentos que los expedientes pasaron todos los filtros y no tuvieron alegaciones. Es más, el juez resalta que el dictamen del sector 33 pasó por la Comisión de Urbanismo donde recibió el apoyo del PSOE, partido que, según recuerda el juez, ejerce la acusación particular en la 'Trama Amat'.

El juez rechaza igualmente la posibilidad de que tanto el presidente de la Comisión de Urbanismo, concejal de Urbanismo en ese momento, así como el jefe de los Servicios Jurídicos y el director del PGOU hayan cometido un delito penal, aunque sí admite que podría haberse cometido una prevarización administrativa, pero en este caso los hechos estarían prescritos.

En cuanto a Caniraga, la empresa está vinculada a Gabriel Amat a través de sus sobrinos, Francisco Javier A.V. y José Ángel A.V. y en este caso fueron cinco los expedientes urbanísticos tramitados ante el Ayuntamiento. Tres de ellos relativos a la cesión de terrenos al Consistorio, así como un proyecto de obra mayor de 265 viviendas y una modificación puntual de un plan parcial, que cambió el uso de un suelo de hotelero a residencial.

En el caso de la licencia de obras hubo un requerimiento de revisión de oficio que acabó en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dando la razón finalmente al Consistorio. En cuanto al plan parcial, hubo un primer informe desfavorable por entender que el procedimiento era contrario al Plan de Ordenación del Poniente y a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

En este caso la Fiscalía solicitó el sobreseimiento provisional «por no quedar debidamente justificada la perpretación del delito, analizados los expedientes administrativos y comprobado que se ha tramitado conforme a la ley». No obstante, sí apunta a que pudieron existir infracciones del alcalde del deber de abstención, pero como en el anterior caso de la empresa Arkimedes, ello «no originaría por sí mismo más que nulidad formal de resolución administrativa».

«De la investigación no constan hechos subsumibles en tipos penales», asegura el juez, quien subraya que a pesar de que en el expediente 4/2004 de modificación puntual del plan parcial existió un informe cuestionando la proporcionalidad dotacional, no obstante, tanto el informe jurídico del Ayuntamiento como la Inspección de Ordenación de Territorio como el Ministerio Fiscal consideran que no existe irregularidad alguna.