Jucil denuncia «incertidumbre y preocupación» en la Guardia Civil de Roquetas ante la llegada de 150 efectivos de la Policía Nacional

Según expone Jucil, «en el día de hoy, 10 de febrero de 2026, se ha recibido información de la llegada, en la próxima semana, de 150 efectivos del Cuerpo Nacional de Policía a la localidad de Roquetas de Mar», añadiendo que ya se estaría «adecuando un local eventual hasta la creación de una comisaría para estos».

El comunicado pone el foco en la falta de información oficial sobre cómo se articulará el nuevo despliegue policial. En este sentido, Rodríguez Maldonado advierte de que «el modelo policial en la demarcación será similar al que se comparte en la localidad de El Ejido, desconociéndose la demarcación policial, y si afectará a la plantilla actual del Puesto de la Guardia Civil de Roquetas de Mar».

Esta indefinición, según Jucil, está teniendo un impacto directo en los agentes: «Esta incertidumbre supone un grave perjuicio a los agentes destinados en esa unidad, ya que les genera una enorme preocupación por ellos y sus familiares creando desazón y afectando a la moral de los allí destinados», subraya el comunicado. Por todo ello, la asociación ha solicitado «una reunión a la mayor brevedad posible con el Sr. Coronel Jefe de la Comandancia de Almería y el Sr. Subdelegado del Gobierno en Almería».

Un conflicto latente

El comunicado de Jucil se enmarca en un debate que viene intensificándose desde finales de enero. El pasado día 29, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, remitió un escrito a la Subdelegación del Gobierno reclamando de forma urgente más medios de seguridad ciudadana para un municipio que ha experimentado un fuerte crecimiento poblacional. En ese contexto, el regidor puso a disposición de la Dirección General de la Policía Nacional un local provisional de 300 metros cuadrados mientras se construye una futura comisaría.

Aquella petición fue recibida con un rechazo frontal por parte de Jucil Almería, que advirtió entonces de que la llegada del CNP podría suponer, en la práctica, la salida de la Guardia Civil del municipio. La asociación defendió que los problemas de seguridad no se solucionan sustituyendo a un cuerpo por otro, sino dotando de medios humanos, materiales e instalaciones adecuadas a la Guardia Civil, que actualmente presta servicio en Roquetas de Mar.

Dos días después, el 31 de enero, la secretaria provincial de Jucil Almería mantuvo una reunión con el alcalde y la concejala de Presidencia, Rocío Sánchez. En dicho encuentro, desde el Ayuntamiento se trasladó que no existía intención alguna de menospreciar el trabajo de la Guardia Civil y que la oferta del local a la Policía Nacional venía motivada por decisiones y anuncios realizados desde el actual Gobierno central. Asimismo, se recordó que sigue vigente un convenio con el Ministerio del Interior para la cesión de un gran espacio destinado tanto a Guardia Civil como a Policía Nacional, sin respuesta hasta la fecha.

Falta de medios

Más allá del debate institucional, Jucil viene denunciando desde hace meses carencias estructurales en el Puesto de la Guardia Civil de Roquetas de Mar, como la ausencia de un área de detención propia, lo que obliga a trasladar detenidos a otras localidades y detraer patrullas de la seguridad ciudadana durante largos periodos de tiempo.

Desde Jucil insisten en que Roquetas de Mar cuenta con más de 150 guardias civiles plenamente arraigados en el municipio y que cualquier cambio precipitado podría suponer un grave perjuicio personal, familiar y profesional.