La investigación por el crimen del doctor Piorno, pendiente de una prueba de criminalística

Fuentes judiciales han confirmado a Europa Press que esta prueba pericial permitirá al juez de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia 1 de Roquetas de Mar continuar con las pesquisas con las que determinar, en su caso, si es un jurado popular el que finalmente se encargue de juzgar a los presuntos responsables del crimen en la Audiencia Provincial.

De momento, constan tres personas investigadas, entre ella dos varones que continúan en prisión provisional, comunicada y sin fianza por su supuesta implicación: el agente de Policía Nacional J. J. F. M., antiguo paciente del doctor e identificado como 'ideólogo' del crimen; y un hombre vecino de León, quien sería el autor material de los hechos, reconocido como Ó. F. S.

Ambos fueron arrestados el 17 de septiembre en el marco de la operación 'Alhabana' por la que también se investiga a la pareja sentimental del agente policial, quien habría tratado de encubrir el crimen del facultativo de 76 años, conforme a los primeros indicios, ya que era la propietaria del vehículo que se empleó en los desplazamientos.

Del mismo modo, se tomó declaración al hijo del agente ante los indicios manejados por la Guardia Civil de que éste hubiera puesto en contacto a su padre con su 'compinche' de cara a planear un robo en la vivienda del médico, aunque el joven quedó en libertad sin medidas tras su paso por sede judicial.

Los sospechosos mantuvieron que el crimen se precipitó al frustrarse un robo en la casa del médico, de forma que rechazaron que la existencia de un asesinato premeditado y sí un «forcejeo» en el que se acabó de un modo casi accidental con la vida de la víctima.

De común acuerdo y con base en sus versiones, ambos acudieron sobre las 15,45 horas del 23 de agosto del pasado año a la finca de la calle Enrique Granados, que habían vigilado previamente, preparados para cometer solamente «un robo»; una cuestión que la familia del doctor ha cuestionado durante la instrucción.

Los acusados se habrían valido de que el doctor tenía en venta la vivienda, en la que también pasaba consulta, para presentarse con la excusa de una posible compra, de forma que el que Ó. F. S, quien era un desconocido para el médico, habría tocado a la puerta para una posible compra de la casa.

Así, en un momento dado tras abrir la puerta, el sospechoso habría atacado al facultativo con un táser como el que fue encontrado posteriormente por los investigadores durante los registros domiciliarios realizados en Roquetas de Mar, Almería y León para inmovilizar a la víctima.

No obstante, se estima la posibilidad de que el médico hubiera tratado de defenderse en algún momento con un cuchillo ante su adversario; mismo cuchillo con el que tras un supuesto forcejeo resultó apuñalado hasta en tres ocasiones por su rival en el cuello y a la altura de los hombros.

Tras el crimen, el agente de Policía Nacional habría accedido a la vivienda vestido de forma que no pudiera ser reconocido por el médico. Según se desprende de la investigación, entre ambos habrían maniatado a la víctima, que falleció poco después, sin haber pedido ayuda a emergencias.

Consumado de un modo u otro el crimen, ambos sospechosos habrían tratado de limpiar los restos de sangre de la vivienda y eliminar los vestigios que quedaron del delito, para lo que se llevaron de allí las prendas de ropa ensangrentadas del médico, quien era muy conocido en la localidad por integrar además las listas del PP en las elecciones municipales de 2023.

El policía abandonó la vivienda seguido de su compinche, quien habría usado ropa limpia de la víctima para no levantar sospechas. De este modo, habrían cargado en la furgoneta aparcada en las proximidades la bolsa de plástico con los efectos retirados del crimen para abandonar el lugar y viajar al día siguiente a León. El cuerpo, que fue hallados dos días después de su muerte gracias al aviso de un vecino, apareció maniatado y con varias heridas punzantes.

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Roquetas de Mar ordenó el ingreso en prisión de ambos implicados por los delitos de homicidio y robo con violencia, a la espera de una más depurada instrucción, toda vez que dejó en libertad como investigada a la pareja del agente, al figurar como propietaria de la furgoneta.

Los agentes de la Guardia Civil que investigaron el caso hallaron en un local de la ciudad de Almería arrendado por uno de los detenidos diferentes efectos relacionados con los hechos. En los registros practicados en León y Roquetas de Mar también se intervino una pistola, un machete de grandes dimensiones, munición y un táser, entre otros efectos.

La investigación permitió constatar que el policía, en situación de inactividad y quien «conocía de manera directa al fallecido», conocía «sus rutinas y horarios». Ambos investigados eran conocedores de las medidas de seguridad que debían adoptar para no ser localizados antes y después de los hechos.