La juez de la 'Trama Amat' se da dos años más para concluir la instrucción del caso

En diferentes autos la juez indica que próximo a cumplir el plazo de una primera prórroga, la «instrucción no ha finalizado, estando pendientes de practicarse diligencias de investigación ya acordadas, de cuyo resultado, a su vez, pudiera desprenderse la necesidad de acordar nuevas diligencias de investigación».

Precisamente, a finales del año pasado la Fiscalía de Almería reclamó a este Juzgado un nuevo plazo de cuatro años para investigar este caso.

Contra la petición de prórroga por parte de la Fiscalía y la decisión de la juez instructora de ampliar está a otros tres años, el abogado de Amat, Juan Marfil, ha vuelto a oponerse a tal medida y ha solicitado el archivo de todas las causas, según han informado fuentes jurídicas.

En concreto, y en principio, las diligencias previas y mercantiles afectadas por esta nueva ampliación son 13.

Según autos previos de este juzgado, los hechos objeto de la causa se refieren, «en esencia, a la existencia de un presunto complejo entramado de empresas dedicado a actividades inmobiliarias, construcción, promoción explotación entre otras a través de personas relacionadas con el alcalde de Roquetas de Mar».

Señala que estas personas podrían «haber obtenido beneficios consecuencia de las decisiones urbanísticas presuntamente delictivas» y refleja que el año pasado el Ministerio Fiscal emitió un informe que incluía un estudio del Grupo Segundo de la Sección de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de la Dirección General de la Policía Nacional, las 103 empresas presuntamente vinculadas a Amat clasificadas en tres apartados.

Existe un primer grupo en el que se incluyen aquellas a las que «no les consta ningún tipo de relación» y otro bloque de empresas cuyas relaciones se «circunscriben a trámites administrativos sin entidad suficiente para considerar su investigación».

Además hay un bloque final con un «tercer grupo con relaciones de mayor peso, referidas mayoritariamente a acuerdos y licencias urbanísticas», un total de 25 empresas.

La Fiscalía solicitó que se procediese a la formación de piezas separadas por cada una de las empresas que conforman el tercer grupo «que hayan tenido relaciones de cierta entidad con el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y que no hayan prescrito», medida que finalmente fue acordada por la juez, hasta llegar a un total de 27 piezas separadas en la causa.