Informar sobre los planes para la comisaría de Roquetas «supondría un perjuicio para la seguridad», según Interior

Informar sobre los planes para la comisaría de Roquetas «supondría un perjuicio para la seguridad», según Interior

Así ha respondido a IDEAL a través del Portal de Transparencia, antela pregunta sobre la inclusión de la misma en el Plan de Infraestructuras de Interior

JULIO VALDIVIA ROQUETAS DE MAR

El Gobierno de España sigue sin aclarar sus planes en materia de seguridad para el municipio de Roquetas de Mar, sobre los que guarda silencio desde que tomara posesión a pesar de las reiteradas preguntas al respecto por parte de IDEAL.

La última, a través del Portal de Transparencia, donde desde la Secretaría de Estado de Seguridad se llega a justificar su falta de respuesta sobre los planes para incluir la comisaría de Policía Nacional en el Plan de Infraestructuras del Ministerio del Interior, por considerar que «supondría un perjuicio para la seguridad pública».

Previamente IDEAL lo intentó con el mismo Ministerio del Interior, donde no supieron aclarar si el proyecto se había incluido o se pensaba incluir en el citado Plan de Infraestructuras, tal y como se comprometió el Gobierno en una respuesta parlamentaria a una pregunta realizada el año pasado por el senador socialista, Juan Carlos Pérez Navas.

Desde el Portal de Transparencia, la Secretaría de Estado de Seguridad tampoco ha aclarado a IDEAL los planes del Gobierno sobre el protocolo firmado en su día para habilitar el actual centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento como cuartel o si el Gobierno socialista mantiene su promesa de desplegar la Policía Nacional en el municipio, tal y como viene diciendo el PSOE desde hace décadas.

Como se recordará, el municipio de Roquetas de Mar lleva más de 30 años con el debate sobre la conveniencia o no de abrir una comisaría de la Policía Nacional. Una cuestión que surge cada vez que se dan datos de población, teniendo en cuenta que en la actualidad Roquetas de Mar es el municipio más grande de Andalucía y el segundo más grande de España, sin la presencia de este cuerpo desplegado en las principales ciudades del país.

El anterior Gobierno de Rajoy intentó zanjar el debate y las reivindicaciones hace ahora un año, con el apoyo del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Entonces se anunció un acuerdo para reforzar la presencia de la Guardia Civil con la llegada de nuevos efectivos para acercar la plantilla a los 200, y que implicaba la cesión, por parte del municipio, del actual edificio de Servicios Sociales para futuro cuartel, a cambio del actual ubicado en el centro.

El Gobierno de España justificó entonces la decisión, que descartaba la comisaría, por considerar que el modelo de seguridad elegido era el que mejor se adaptaba a la realidad «rural y agrícola» de Roquetas, en palabras del entonces secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, quien descartó también el modelo de demarcación compartida que funciona en El Ejido, por el que Guardia Civil y Policía Nacional se reparten las zonas rurales y urbanas respectivamente.

Aquel acuerdo nunca se plasmó en un convenio efectivo, se quedó en un protocolo de intenciones, si bien la Guardia Civil cumplió en pocos meses sus compromisos, y hace ya tiempo que tiene desplegados en el municipio los efectivos prometidos que están al mando de un capitán, algo poco habitual en un puesto principal, de los que se suele encargar un teniente.

La llegada del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez dejó el protocolo de intenciones en la indefinición. Desde entonces, ni la Subdelegación del Gobierno, ni el Ministerio del Interior han aclarado qué piensan hacer con el operativo de seguridad en Roquetas de Mar, ciudad que ya cuenta con 100.000 habitantes. No se sabe por tanto si finalmente piensan seguir adelante con el protocolo firmado por el Gobierno de Rajoy, que apoya incondicionalmente Gabriel Amat, o si finalmente se decide recuperar el plan diseñado en la década pasada por el PSOE, por el que la Policía Nacional se desplegaría en las zonas urbanas de la ciudad, mientras que la Guardia Civil se encargaría de diseminados y zonas agrícolas, tal y como ocurre actualmente en El Ejido.