La Fiscalía vuelve a pedir cárcel al exportavoz del PSOE en Roquetas por «fraude» en cursos de formación

Ortega Paniagua, quien fue detenido en el marco de la operación 'Edu' de la Policía Nacional en 2015, tras lo que abandonó las filas socialistas, se enfrenta en este procedimiento penal a penas que suman seis años de prisión por la comisión en concurso medial de supuestos delitos de fraude en subvenciones y continuado de falsedad en documental.

Cabe recordar que el Ministerio Público también formuló acusación contra él en octubre de 2018 en el marco de la causa abierta por la empresa Infosol SL aunque, en este caso, interesa penas de seis años de cárcel ya que añade el presunto delito de pertenencia a grupo criminal. Una tercera causa, por la mercantil Inmecamar SL fue sobreseída por el Juzgado de Instrucción 6 en 2017.

El escrito de calificación provisional de 19 de octubre, consultado por Europa Press, también acusa a su esposa, M.I.M.G., su hija M.O.M. y la administrativa de las empresas, M.A.M.C. Para todas ellas solicita la misma pena de cinco años de cárcel mientras que pide que Ormar Infomatic indemnice a la Junta de Andalucía con 500.000 euros.

El Ministerio Público indica que Ormar Infomatic SL fue creada «ex profeso» para la obtención de subvenciones «sin otro objetivo de índole mercantil», lo que incumpliría la normativa, y apunta que la «intención» de los acusados era «obtener el abono de la correspondiente subvención de forma mendaz y sin cumplir las condiciones exigidas».

Para esto, según añade, era necesario «presentar documentación no veraz» en el correspondiente expediente administrativo, a lo que suma que la empresa «no se hallaba inscrita en el Registro Mercantil, ni dada de alta en la Seguridad Social, ni homologada para impartir los cursos cuyas subvenciones obtuvo».

La fiscal sostiene, asimismo, que libraron facturas «inexistentes» para dar una «apariencia de verosimilitud» en el cumplimiento de las condiciones que la Junta andaluza exigía para a fin de poder disponer de dichas subvenciones, así como «para simular que se estaban llevando a término todas las previsiones contenidas en las memorias descriptivas presentadas junto con solicitudes en virtud de las cuales también fueron concedidas las subvenciones».

En concreto, precisa que los acusados utilizaron presuntamente las empresas «controladas por ellos mismos» para documentar una serie de facturas de «gastos inexistentes» que, posteriormente, fueron remitidas al SAE.

«También remitieron otras en las que se hacían constar datos que no se correspondían con la realidad, como las facturas relativas a los profesores que impartieron los cursos y en las que se consignaron como pagadas cantidades superiores a las que fueron abonadas», subraya.

El escrito de calificación provisional detalla que, «siguiendo dicho plan», presentaron las correspondientes solicitudes para la obtención de dos subvenciones al amparo de las órdenes de 23 de octubre de 2009 y de 31 de octubre de 2008.

La primera se resolvió en enero de 2011 para acordar conceder una cuantía de 145.350 euros para un curso de montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas y otro de fontanero. Fueron impartidos entre septiembre de 2011 y marzo de 2012 el primero y de marzo a noviembre de 2011, el segundo.

La segunda resolución, que concedía la cuantía de 68.154 euros, se aprobó en enero de 2010 y era también para un curso de montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas que se impartió entre marzo y septiembre de 2010.

La Fiscalía concluye que, del 75 por ciento que recibió como anticipo de la primera subvención Ormar Infomatic, «se desviaron de sus fines 41.120 euros, esto sin contar los 18.900 euros que la acusada M.I.M.G. habría percibido por la dirección y coordinación de los cursos» mientras que del 75 por ciento de anticipo de la segunda subvención «fueron desviados al menos 25.868 euros, sin considerar los 8.470 euros percibidos en concepto de dirección».

Al margen de las penas privativas de libertad, los cuatro acusados se enfrentan a multas de 600.000 euros y de 12 meses a razón de 56 euros al día y la pérdida por periodo de cinco años de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas publicas, y el derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

Ortega Paniagua, quien también era vicesecretario de la Agrupación Local, se dio de baja de militancia y entregó su acta de edil tras su imputación en el marco de la segunda fase de la operación 'Edu' de la Policía Nacional en febrero de 2015 por su gestión al frente de las mercantiles Ormar Informatic SL; Inmecamar SL; y Academia Infosol SL.

En mayo de 2017, el Juzgado de Instrucción 6 de Almería acordó el sobreseimiento de otras de las causas abiertas contra él ya que la magistrada consideró que no estaba «debidamente acreditada» la comisión de infracción penal en la obtención de ayudas para cursos de formación por parte de la mercantil Inmecamar SL aunque si señalaba una «serie de irregularidades» en la documentación del curso que circunscribía al ámbito administrativo.