La Fiscalía sigue viendo indicios de delito en la 'trama Amat' y denuncia el «servilismo» de los jueces

El recurso de apelación señala que en dos de los expedientes estudiados en esta pieza contra Amat, el fiscal considera que se han elaborado «de forma directa o a través de persona no identificada» un pliego de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas hecho a medida«.

Todo ello para que «su empresa Surponiente SA presentase una oferta coincidente en cuanto al precio y especificaciones de los vehículos objeto del contrato y así poder asegurarse la adjudicación del mismo, facilitando igualmente dicha concesión mediante el dictado de las correspondientes providencias de Alcaldía, que vendrían a validar el pliego realizado de forma ilícita».

El fiscal advierte de que dichas providencias tendrían también como fin el «desechar eventuales propuestas» de otros concesionarios que «fueran más ventajosas económicamente» para el Ayuntamiento.

Afirma que, «sin ánimo de hacer una tipificación anticipada», los presuntos hechos podrían suponer la existencia de posibles delitos de prevaricación y negociación a funcionario público, «pudiendo ser también de tráfico de influencias» en el caso de que el citado pliego lo hubiese elaborado un técnico del Consistorio.

El fiscal recoge en este recurso la existencia de cuatro expedientes, uno sin objeciones por su parte, otros dos en los que ve los «indicios de criminalidad» y otro más que no fue presentado por el Gobierno local por haberse «extraviado» en el que fue elegida la oferta «más cara» posible entre tres, la de Surponiente.

Además, la Fiscalía discrepa con el juez instructor, que asegura que de haber responsabilidad criminal sería «achacable» a los miembros de la Junta de Gobierno que votaron a favor de la adjudicación, responsabilizando «mediata o inmediatamente» a Amat por ser el «único beneficiado de la operación».

«Consideramos pues que en estos tres expedientes, especialmente contemplados de forma conjunta, resulta la existencia de claros indicios delictivos por parte del alcalde de Roquetas de Mar que, en cualquier caso, justifican la continuación de las actuaciones y la declaración de aquél en calidad de investigado», añade.

Sobre el archivo en sí de la pieza, el fiscal cree que «se ha cometido un error» por parte del juez instructor pues «sin conocer la posición jurídica» del Ministerio Público, «subrogándose en la posición de acusación», califica parte de los hechos investigados, «obviando otros igualmente importantes» y concluye que no hay prueba bastante que sostenga esa calificación por él realizada«.

«La decisión adoptada por el juez nos parece sorpresiva, y esto es porque dicho criterio ahora sostenido por el instructor no solamente choca frontalmente con el resultado de las diligencias practicadas hasta la fecha, o con la posición jurídica que defiende el Ministerio Fiscal, sino que contradice las actuaciones realizadas por el propio autor de la resolución impugnada», dice.

«Habida cuenta los indicios delictivos existentes respecto del alcalde de Roquetas de Mar, el hecho de que el mismo no llegue siquiera a declarar en calidad de investigado, supondría constatar la existencia de un servilismo por parte de los juzgados y tribunales hacia los intereses políticos», concluye para solicitar que se reabra la causa y que Amat declare como investigado.