Fiscal sitúa a Enciso y Alemán en el «origen» de la trama corrupta en El Ejido y pide 40 años de prisión

«El señor Enciso y el señor Alemán buscaron la manera de poder maximizar su situación para así lograr sus objetivos y encontraron una fórmula a través de la empresa mixta Elsur», ha trasladado en su informe el fiscal, quien ha remarcado, frente a lo sostenido por algunas defensas a lo largo de la vista oral, que el socio privado de Elsur «se hallaba bajo el control» de Abengoa ya que los «máximos directivos provienen de la propia multinacional».

Sobre Enciso ha precisado que «toda la prueba practicada» en juicio oral «muy prolija en los detalles, apunta a su implicación y al uso de su influencia», que su esposa «era perfecta conocedora de cuál era el origen de sus ingresos» y que su cuñado «se aprovechaba de su situación y pedía favores como se acredita en las escuchas telefónicas y han afirmado los testigos».

Ha añadido que la empresa mixta Elsur se creó «después» de que el propio ex alcalde «buscara asesoramiento jurídico para sortear el control administrativo» y que lo hizo por «interés, pero en ningún caso por el interés público».

En la sesión celebrada en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce, en Roquetas de Mar, el Ministerio Público ha elevado a definitivas conclusiones, si bien ha retirado acusación contra uno de los presuntos testaferros del empresario José Amate ya que no queda acreditada su participación «más allá de constar en los papeles» y ha rebajado a cinco años de cárcel para dos hermanas, también supuestas testaferros, al aplicar la atenuante de reconocimiento tardío de los hechos que se les imputan.

Ante el tribunal que preside la magistrada Társila Martínez, también ha modificado petición de penas con respecto al hijo y a uno de los yernos del empresario sevillano, considerado clave en la presunta trama, al retirar uno de los delitos fiscales, al tiempo que ha estimado que concurre la atenuante de dilaciones indebidas en el caso del administrador de Colaboradora de Gestión y de Recaudación, por lo que ha pedido 18 meses de cárcel frente a los seis solicitados inicialmente.

Cabe recordar que, durante el trámite de cuestiones previas desarrollado en febrero de 2020, el fiscal Anticorrupción Jesús Gázquez, fallecido durante la celebración de la vista oral y para el que hoy ha habido un nuevo reconocimiento a su «excelsa» labor, retiró la acusación por los todos delitos contra la Hacienda Pública en los periodos impositivos entre los años 2002 y 2005 ya que estimó que habrían prescrito, lo que ya supuso rebajar las penas de prisión, en algunos casos en más de la mitad, para los principales acusados.

El Ministerio Público atribuye a Enciso y Alemán la presunta comisión de malversación de caudales públicos en concurso con un delito de falsedad continuada en documento mercantil, ocho delitos contra la Hacienda Pública en calidad de cooperadores necesarios, un delito de cohecho pasivo propio continuado y un delito de prevaricación continuada.

Durante su informe de este viernes, el Ministerio Público ha apuntado, no solo al exalcalde y al ex interventor municipal, sino también a la multinacional Abengoa, que «en su beneficio» como empresa privada y no en «interés social», y con «el objetivo de maximizar su beneficios», habría vulnerado los estatutos sociales de Elsur «siempre con la inestimable ayuda del ex alcalde y del ex interventor municipal».

«Para no aumentar los costes sociales y dar lugar a problemas sindicales por un número elevado de trabajadores, vio propicia la creación de subcontratas, que llevasen a cabo la mayor parte del cometido mediante la cesión de trabajadores», ha indicado para añadir que, para llevar todo esto a cabo, «se valió de uno de los suyos, de José Amate».

Para el fiscal, está «claro» que lo que todo lo que se «hacía y deshacía» en Elsur «lo conocían el socio privado y el Ayuntamiento ejidense» porque, según ha dicho, «pensar lo contrario es vivir en un mundo irreal» como también está «claro» que «el verdadero mandamás» en la empresa mixta era la multinacional Abengoa.

«Se actuaba siempre a la voz de su amo», ha apuntillado para destacar que la multinacional con sede en Sevilla «también se apuntó al festín del dinero público inventando el fee y el extra fee por no hacer nada».

El Ministerio Público ha subrayado como tanto Amate como el empresario Juan Antonio Galán «mientras hacían sus negocios» desde sus subcontratas mediante «sobreprecios» a Elsur, que se «sufragaba íntegramente con dinero público», ya que con esa supuesta sobrefacturación, según ha dicho, «tenían que pagar a todos los que tenían en nómina, en sentido amplío tal y como dijo Alemán» en las intervenciones telefónicas contenidas en la causa.

El fiscal ha destacado que el ex interventor «se benefició así» a través de su empresa Sistemas de Dirección SL de «todos los que participaban» en la supuesta trama contratando con Elsur o con el ayuntamiento. «Hasta nos dejó por escrito la tropelía», ha dicho en alusión al documento que encontraron en los ordenadores intervenidos a Alemán en los registros de la Policía Nacional y que venía a ser «una especie de testamento, no hecho, perdóneme, precisamente, por el Espíritu Santo».

Entre los «beneficiarios» de las actividades que califica de ilícitas, ha señalado también a Enciso, a su mujer, a la esposa del ex interventor y a otro de los empresarios enjuiciados.

El fiscal ha hecho hincapié en lo que, a su juicio, fue el punto de inflexión en esa supuesta trama que ubica temporalmente entre 2002 y 2009 y por el que, según ha remarcado, «al final todo se ha sabido». «Llego la crisis económica y como ya no había dinero del Ayuntamiento para todos, como ya lo había exprimido y como no llegaba para más, decidieron expulsar a algunos de los actores, pero Amate les salió rebelde».

Con respecto a los delitos fiscales, ha asegurado que, en esa «carrera por el dinero», los acusados «siempre hicieron lo posible por pagar lo menos posible a Hacienda» y que, para ello, «inventaron todo tipo de estratagemas». «En esto, son todos iguales», ha concluido de una manera tajante para solicitar una sentencia condenatoria en los términos expuestos en su escrito de conclusiones definitivas por unos hechos «que estoy seguro son ciertos».

Durante la sesión, han quedado exonerados de cualquier responsabilidad penal o civil, al margen del presunto testaferro de Amate, otros cuatro enjuiciados contra los que tan solo formulaba acusación el Ayuntamiento de El Ejido, que actúa como acusación particular. Cabe recordar que también esta personada IULV-CA como acusación popular.

En el trámite de conclusiones, todas las defensas han reiterado la petición de libre absolución de sus patrocinados y, alternativamente, han solicitado, en caso de que sean condenados por alguno de los delitos que se les imputan, que se les aplique la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas ya que el caso explotó en octubre de 2009 tras dos años de investigación de la Fiscalía Anticorrupción y se les rebaje las penas en dos grados.