Un estudio de la Policía Local constata un alto grado de frustración y tensión entre los que ocupan viviendas

Esa «frustración» y «tensión» les llevaría a justificar el delito «culpabilizando a la sociedad de la comisión del mismo y considerarían a otros como responsables de su conducta», según aseguran los autores del estudio, el subinspector de Policía Local Juan Diego Jiménez, graduado en Psicología y diplomado superior en Criminología, y el agente graduado en Educación Social y experto universitario en Criminología, Fernando Castro.

Otra de las conclusiones del estudio es que los autores de estos delitos estarían convencidos de que su conducta no tendría relevancia penal y no les ocurriría nada, excepto el abandono de la vivienda.

Desde la Policía Local de Roquetas de Mar se ha realizado el análisis teniendo en cuenta la gran cantidad de casos que se vienen produciendo en el municipio desde el estallido de la burbuja inmobiliaria. Los expertos diferencian entre los okupas profesionales, es decir, aquellos que ocupan viviendas como parte de su modo de vida, en numerosas ocasiones ligado a un concepto de contracultura, de los que lo hacen por necesidad, entre los que se incluyen numerosas familias que no tienen muchas más opciones.

«Para explicar el aumento de este tipo de hechos partimos desde una perspectiva basada en las relaciones sociales, de conformidad con los postulados de las modernas teorías criminológicas de la frustración como el enfoque de Agnew», asegura Juan Diego Jiménez. Esa teoría considera que las fuentes de frustración que llevan a delinquir, muchas veces están relacionadas con su incapacidad para alcanzar sus metas o aspiraciones; cuando el individuo es amenazado y no se le dejan salidas, o cuando está expuesto constantemente a situaciones negativas y dolorosas.

Apoyándose en la citada teoría los policías roqueteros trataron de comprender por qué un individuo que no es delincuente puede cometer un delito como la usurpación de inmuebles. Para poder analizar el fenómeno los autores se apoyaron en la recogida de datos del personal de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

Los resultados parecen ser claros, y el estudio concluye que «las personas autoras del delito de usurpación de inmuebles, presentan mayores niveles de afecto negativo, como frustración o tensión, en comparación con la población normal y podrían presentar un mayor malestar físico o psicológico».

Asimismo estas personas culpan o responsabilizan a terceros por los actos realizados, concretamente a la sociedad en su conjunto, a los políticos, a los bancos y a otros, es decir, «presentan un grado de percepción de responsabilidad prácticamente nulo».

También se ha llegado a la conclusión de que los autores de estos hechos «justifican el delito desde un punto de vista ético o moral, si bien se aprecian diferencias entre las poblaciones nacionales y extranjera, siendo la población nacional la que presenta un mayor grado de justificación», aseguran los policías en el estudio.

El análisis realizado incluyó otras cuestiones como el traumatismo, apoyo social y medios económicos. Otra variable analizada indica que las personas descritas no aprecian impedimentos para cometer el delito y consideran que su comisión implicaría solo la expulsión/abandono de la vivienda, nunca penas más coercitivas como la cárcel, la pérdida de custodia o multa. De ello se desprende que «consideran que su conducta nunca derivaría en unos elevados costes personales para ellos estimando que no tiene consecuencias jurídicas».

Indican los autores del estudio que los datos deben ser considerados con cautela ya que «la naturaleza de la muestra hace difícil la extrapolación de datos a otras situaciones o modalidades delictivas», por lo que rechazan generalizar el estudio, ya que creen que las capacidades explicativas del mismo «están limitadas a un contexto específico, el delito de usurpación de inmueble en el término de Roquetas de Mar», advierten.