Las empresas más contaminantes del Poniente serán penalizadas en la tasa del agua

El Consorcio del Ciclo Integral del Agua del Poniente Almeriense, CIAP, que preside el concejal de Desarrollo Urbano de Roquetas de Mar, Francisco Gutiérrez, ha aprobado esta semana una novedosa medida que pretende premiar a las empresas que no contaminen, que pagarán menos en la tasa de depuración y penalizar a aquellas que más lo hagan, dado el incremento de costes por estas labores.

En concreto, se trataría de aplicar el conocido como 'Parámetro K', una fórmula matemática basada en tres variables que permite cuantificar cuánto se contamina. La medida no afectará al consumo doméstico, pero sí al industrial, tal como explicó Gutiérrez durante la asamblea del ente supramunicipal. «Lo que se hace es penalizar al consumo industrial que más contamine. Lo que nosotros estimamos es que las empresas a medio plazo van a poner los medios necesarios para que no se produzca esa contaminación del efluente, lo que depositan en la red, se parezca lo máximo posible al efluente doméstico», indicó.

Para el edil roquetero se trata de una medida «justa y equilibrada», siendo un parámetro que ya se está aplicando en otros territorios y viene avalado por la recomendación formulada por la Federación Española de Municipios y Provincias. Hasta ahora, advirtió el presidente del CIAP, «a una empresa le puede salir más rentable no tratar sus aguas y que ese coste se repercuta entre todos», situación que se pretende cambiar con esta iniciativa. «Si las empresas realizan los cambios necesarios para que su contaminación se asemeje a una contaminación doméstica pagarán menos», declaró.

Desde que se apruebe la medida a través de una modificación de la Ordenanza correspondiente, que deberá ser sometida previamente a consulta pública, habrá seis meses de carencia, un periodo de adaptación para que las empresas «realicen los cambios necesarios y cumplan los parámetros medioambientales, para que de esa forma podamos operar las estaciones depuradoras sin este tipo de vertidos, que resultan muy perjudiciales», resaltó el presidente del CIAP.

En este sentido, Gutiérrez recordó que «un vertido supone un incremento del consumo de oxígeno, poner en marcha una serie de procesos que aumentan el consumo eléctrico y afectan a una serie de parámetros que suben el coste de operación», por lo que consideró que aplicar estos criterios para premiar o penalizar a las empresas «es una buena medida que anima a las empresas a que tomen decisiones en cuanto al respeto al medio ambiente y es proporcional», advirtió Francisco Gutiérrez.

Sanciones

Además de estos parámetros para penalizar o premiar en el recibo a las empresas, el Consorcio del Ciclo Integral también decidió aplicar de forma paralela las sanciones recogidas en las distintas ordenanzas para castigar con dureza determinados vertidos muy contaminantes «ante la actitud de algunas empresas».

El presidente del CIAP explicó que el organismo tiene localizadas empresas que realizan vertidos contaminantes y ya se está en contacto con las autoridades para «perseguir y sancionar las conductas negligentes o presuntamente delictivas», acusando a estas empresas de generar importantes problemas que tensionan las depuradoras y que incluso provocan muchas dificultades para mantener los parámetros.