La oposición se une contra la negativa de Gabriel Amat a celebrar un pleno telemático

El silencio y la falta de contacto del equipo de Gobierno de Roquetas de Marcon el resto de grupos, sigue tensando el tablero político en el municipio, a diferencia de lo que está ocurriendo en otras administraciones en las que la crisis del Covid-19 está generando un consenso y colaboración pocas veces visto. Esta semana, en el mismo día en el que en El Ejido se estaba celebrando un pleno telemático que fue doblemente histórico por ser el primero por videollamadas y por aprobar el presupuesto por unanimidad, en Roquetas, el alcalde Gabriel Amat, firmaba una resolución en la que rechazaba la celebración de un pleno telemático por limitaciones tecnológicas.

En concreto, según aparece en la resolución, a la que tuvo acceso IDEAL, «el Ayuntamiento no dispone en la actualidad de medios propios que permitan articular estos sistemas electrónicos con las adecuadas garantías en materia de seguridad tecnológica y que salvaguarden la efectiva participación política de sus miembros».

En este sentido, la resolución del alcalde aseguró que «la utilización de medios estandarizados que se ofrecen en la actualidad para la realización de estas reuniones telemáticas tendría sus servidores no solo externos, sino fuera del territorio nacional», un problema que según el Consistorio ha sido advertido por el Centro Criptológico Nacional «que ha informado recientemente sobre la vulnerabilidad que afecta a alguna de las herramientas que se están utilizando en la actualidad, como nos ha trasladado la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias)».

Esas supuestas limitaciones técnicas encendieron los ánimos entre los grupos de la oposición, que el jueves emitían un comunicado conjunto y presentaban una queja recordando que la Diputación y El Ejido no han tenido problema en celebrar plenos telemáticos, y acusando al equipo de Gobierno de «engañar» a los vecinos con sus programas de 'Smart City' y apuesta tecnológica, si después de todo no hay capacidad suficiente para celebrar un pleno con videollamadas.

Los portavoces de los cuatro grupos, es decir, PSOE, Ciudadanos, IU-TD-EQ y Vox, que no tuvieron problemas en celebrar una reunión telemática para acordar una postura común, echaron en cara al alcalde roquetero su falta de información en esta crisis del Covid-19, que ha quedado reflejada en su negativa a celebrar una sesión plenaria «cuando es más necesaria que nunca, en vista de que no se está facilitando información a la ciudadanía y los grupos municipales sobre las medidas y los casos de Covid-19 en nuestro municipio». Para todos ellos «ni la tecnología, ni la voluntad de unir, parece que hayan llegado a Roquetas de Mar, a diferencia de otros lugares», lamentaron en su escrito de protesta.

«Los vecinos se merecen que las administraciones y los partidos de todo signo trabajemos juntos y colaboremos unidos en la búsqueda de soluciones a los problemas de esta pandemia», señalaron. En este sentido, denunciaron que «se ha llegado a decir que lo que pretende la oposición con tener información de los contagiados por el virus es estigmatizar a los afectados, lo que no es verdad; lo que sí estigmatiza a un pueblo es la opacidad y la desinformación». Una desinformación, que a su juicio «no se puede llevar al extremo de privar a los ciudadanos de que sus legítimos representantes puedan asistir a un pleno en el que ser informados y en el que poner sobre la mesa medidas e ideas a favor de los que se puedan ver afectados por esta grave crisis».

Tras el escrito de protesta, Gabriel Amat finalmente accedió a convocar una junta de portavoces para este lunes que tendrá que ser presencial, ya que sigue sin aceptar la solución telemática de otros municipios. La polémica se ha producido precisamente en una dura semana, en la que Roquetas se ha convertido en el principal foco de coronavirus del Poniente, con varios fallecidos y casi medio centenar de casos en la residencia de mayores y varios positivos en la Policía Local. Datos, en ambos casos, que ni el Ayuntamiento, ni la Junta de Andalucía han facilitado de manera oficial y se fundamentan en fuentes sanitarias y policiales. Un silencio y falta de transparencia, que el PP asegura que se debe a que el Gobierno de España no permite informar, aunque la mayoría de los municipios sí lo están haciendo, y que ha motivado numerosas quejas de los ciudadanos.