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J. VALDIVIA
ROQUETAS DE MAR
Jueves, 26 de enero 2023
El Pleno de Roquetas de Mar rechazó ayer el recurso de reposición presentado por Ecologistas en Acción al proyecto de «renaturalización» de la Rambla de San Antonio de Aguadulce, un asunto que volvió a generar un intenso debate entre el equipo de Gobierno y la oposición, particularmente PSOE e IU.
Desde el Gobierno municipal se justificó la inadmisición del recurso por considerar que se había presentado fuera de plazo y aseguró que la decisión está respaldada por los informes de los servicios jurídicos municipales y también del Consejo de Transparencia de Andalucía, a los que la propia organización ecologista pidió que se pronunciaran sobre la cuestión.
Tanto el PSOE como IU criticaron la falta de facilidades dadas por el Ayuntamiento a la organización ecologista a la hora de acceder a la información del expediente, tanto por la exigencia del pago de una tasa, como porque la información se quería facilitar personalmente a una persona designada por EA y no de forma telemática, vía que usó la organización para pedirla. De hecho, el PSOE consideró que de no haber sido por estos impedimentos el plazo para presentar recurso no se habría pasado.
Ambos partidos recordaron numerosa legislación que según dijeron, ampara el derecho de Ecologistas en Acción y de cualquier ciudadano a acceder a la documentación.
En cuanto al pago de la tasa, el portavoz socialista, Manolo García, recordó que desde 2006 existe una ley aprobada por el Gobierno de Zapatero que regula y garantiza el acceso a la información medioambiental, en la que también se dice que deberá establecerse una reglamentación para cobrar una tasa por la documentación, que en el caso de Roquetas no se ha aprobado. Por su parte, Belén Pérez, de IU, recordó que la Ley de Transparencia garantiza el acceso a la información gratuito, principio también recogido en la Ley de Transparencia de Andalucía.
Desde el equipo de Gobierno se justificó la exigencia de una tasa por el trabajo que generaron los recursos presentados por EA. Rocío Sánchez, la concejal de Presidencia, desveló que la documentación costaba 20 euros «marranos» y consideró que el documento «tiene más importancia que 20 euros», reprochando la negativa de EA a pagarlos.
Tanto PSOE como IU consideraron que nada de esto habría ocurrido si se hubiera convocado el Consejo de Medio Ambiente, cuya creación se aprobó hace 10 años y hasta el momento solo ha celebrado una reunión.
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