Sin cámaras, ni climatización y deficientes registros, el Defensor del Pueblo critica los calabozos de Roquetas

La inspección forma parte del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y determinó más de media docena de carencias para las que se ha pedido al Ayuntamiento que sean resueltas. En dos de ellas, desde Consistorio se ha respondido que se está en trámites de solucionarlas, pero en la mayoría aún no se ha recibido respuesta en la oficina del Defensor del Pueblo, según consta en su web.

Así, los técnicos del Defensor constataron que el sistema de videovigilancia cubre los pasillos de la zona de calabozos y otras zonas de tránsito, pero no el interior de las celdas. Algo que el Defensor del Pueblo considera «de vital importancia» puesto que impide el adecuado control de lo que ocurre en el interior. El informe, recuerda el suicidio que se produjo precisamente en una de estas celdas hace años, que no fue detectado por los agentes.

Otra de las carencias determinadas en el informe es que «no hay presencia constante de agentes en la zona de calabozos cuando hay personas bajo custodia, lo que puede suponer un riesgo en caso de darse una situación que requiera la asistencia inmediata de los agentes, especialmente si se tiene en cuenta que las celdas no disponen de videovigilancia».

Tanto en el caso de la videovigilancia, como en la presencia constante de agentes en la zona de calabozos cuando hay detenidos, desde el Ayuntamiento de Roquetas de Mar se ha respondido que ambas cuestiones están tramitándose, pero el resto no se ha recibido respuesta, según la web del Defensor.

Así, desde la oficina del Defensor del Pueblo también se criticó que las celdas no dispongan de climatización de frío-calor en la zona de calabozos. Tampoco se dispone de «libro de registro y custodia de detenidos», tanto mayores de edad como menores «en el que se refleje quién custodia al detenido y los trámites seguidos durante la privatización de libertad, por lo que no queda garantizada la cadena de custodia e incidencias». Además, los técnicos encontraron «enmiendas y tachaduras» en los libros de registros «que no están salvadas de ninguna forma, ni aclarado el motivo de las mismas, lo cual puede incluir dudas sobre su veracidad y la de la información corregida», advierte el Defensor del Pueblo. Además, se detectó que las anotaciones de los libros no están firmadas, ni se indica el nombre y apellidos o carné profesional de la persona que las realiza.

Por otro lado, los técnicos constataron que «no consta la lectura de derechos al detenido, que debe firmar este en el que se incluya la posibilidad de interponer procedimiento de hábeas corpus», solicitándose que se adecúe la información de derechos que se ofrece al detenido y que se informe de si esta se firma, de los idiomas en los que está disponible así como si se informa a las personas detenidas de la posibilidad de interponer hábeas corpus.

Otra deficiencia detectada fue la carencia de detectores de humo y plan de evacuación, aunque sí se constató la existencia de extintores, sistemas de alarma y señalización. Además, en caso de emergencia, los mecanismos de cierre de las puertas de las celdas tienen llaves y pestillos a distintas alturas lo que «no posibilitaría la apertura rápida en caso de urgencia, sobre todo teniendo en cuenta el elevado uso de las celdas».

Por último, también se ha sugerido que se instale en el interior de las celdas interfonos de llamada a disposición de las personas detenidas, de los que actualmente se carece.