El balizamiento de playas del próximo verano incluirá la instalación de diez canales náuticos

El contrato establece un plazo pra la colocación del material de 15 días a contar desde la aprobación del plan de trabajo, por lo que se espera que este año no se produzcan los problemas del verano pasado cuando la instalación de buena parte de los materiales de playa no se produjo hasta empezado ya el mes de julio.

El contrato incluye la colocación de 12,5 kilómetros de delimitación de las zonas de baño, así como la señalización de diez canales náuticos y una zona en el mar de baño adaptada con elementos de sombra y asientos, barras para ejercicios y perímetro de zona balizado para personas con movilidad reducida.

Concretamente, se balizarán las playas de Aguadulce (1.670 metros), La Ventilla (1.100 metros), Los Bajos (1.810 metros), Las Salinas (1.330 metros), La Romanilla (1.310 metros), La Bajadilla (1.520 metros), Urbanización de Roquetas (1.980 metros) y Playa Serena (1.780 metros).

En cuanto a los canales náuticos, habrá tres en Playa Serena, dos en Aguadulce y otros dos en La Ventilla, así como uno en las playas de La Romanilla, La Bajadilla y Urbanización.

El presupuesto de esta actuación es de 62.436 euros con el IVA incluido.

Como se recordará, el servicio ha sido asumido directamente por el alcalde, Gabriel Amat, tras retirar las competencias de Playa al concejal de Turismo, Francisco Barrionuevo, según la resilución en la que se aprobó, con el fin de agilizar el Plan de Playas. Según desveló el propio Barrionuevo en uno de los recientes Plenos, él mismo se negó a firmar el Plan de Playas el año pasado por motivos que no ha llegado a desvelar.

La cuestión del balizamiento de las playas roqueteras fue una de las que generaron un enorme debate en el municipio el año pasado por los retrasos en su despliegue, al parecer por problemas con la empresa adjudicataria del servicio el año pasado. Unos problemas que también sufrieron otros municipios costeros como la capital, al parecer por el incremento de costes de los contratos como consecuencia de la inflación, que no reflejaban los contratos licitados por los ayuntamientos meses atrás.