AUGC no comparte que la solución pase por repartir Roquetas entre dos cuerpos policiales

AUGC no comparte que la solución pase por repartir Roquetas de Mar entre dos cuerpos policiales. De las opciones existentes, sostuvo Vega, «de las tres posibilidades que pueden existir, es la más ilógica».

«Y no hace falta esperar a ver el resultado: la propia propuesta que se defiende ya contiene la respuesta. El modelo que se ha puesto sobre la mesa reserva el núcleo urbano de Roquetas a la Policía Nacional y deja a la Guardia Civil el ámbito de Aguadulce y las zonas periféricas. Es decir, el Cuerpo que hoy presta la seguridad integral del municipio pasaría a ocuparse de lo que quede fuera del casco urbano. Esa es la experiencia constante allí donde se han fragmentado demarcaciones: la Guardia Civil no se mantiene, se repliega, y acaba confinada a lo rural, al campo y a las competencias específicas, mientras la seguridad ciudadana del núcleo urbano, la que da visibilidad, medios e inversión, se transfiere íntegramente. Una vez abierta esa puerta, ningún cuartel ha vuelto a recuperar lo cedido», según explican desde la asociación.

A ello se suma un problema operativo que los guardias civiles conocen bien y que no es teórico. Vega lo ilustró con un episodio reciente. «Esta noche pasada hubo un problema en una gasolinera de unas petacas, fue la patrulla de la Guardia Civil a demarcación de Policía Nacional y pasa lo que pasa siempre: haces un detenido fuera de tu demarcación y hay problemas. Y ese es el problema que vamos a tener todos los días en Roquetas si hay demarcación compartida».

Además, la AUGC indica que «se viene repitiendo que a Roquetas le corresponde la Policía Nacional por su volumen de población, en aplicación de la Ley Orgánica 2/1986. Esto es sencillamente falso: el artículo 11.2 de la LOFCS establece que corresponde a la Policía Nacional ejercer las funciones de seguridad ciudadana en las capitales de provincia y en los términos municipales y núcleos urbanos que el Gobierno determine, ejerciéndolas la Guardia Civil en el resto del territorio nacional y su mar territorial. Ni una sola línea de la ley fija umbrales de habitantes. El criterio es una decisión del Gobierno, y solo del Gobierno».

La asociación argumenta que «la realidad lo confirma. En la Comunidad de Madrid, municipios como Las Rozas, con más agentes y mayor población que Rivas-Vaciamadrid, son competencia de la Guardia Civil en materia de seguridad ciudadana, mientras localidades con menos población, como Aranjuez o El Escorial, cuentan con comisaría de Policía Nacional. Hay municipios de decenas de miles de habitantes servidos por la Guardia Civil y localidades muy pequeñas con comisaría. Por tanto, no estamos ante una obligación legal ni ante un automatismo demográfico: estamos ante una decisión política. Y si es política, puede detenerse». El convenio que la sustenta, recordó Vega, «es un convenio voluntario entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento, y lo pueden parar y no desmantelar una unidad que lleva más de 100 años con sus trabajadores dejándolos tirados».

Lo que Roquetas necesita no es otro uniforme: son medios

AUGC reclama un estudio técnico riguroso de los motivos policiales y económicos de cada escenario, en lugar de dar por buena la única salida que se ofrece. Porque la petición ciudadana de más seguridad es legítima, pero la respuesta lógica no es sustituir al Cuerpo que ya está: es dotarlo. «No puede ser que a día de hoy el puesto principal de la Guardia Civil de Roquetas de Mar tenga seis vehículos, seis vehículos para 180 guardias civiles», denunció Vega. Y añadió: «No se puede decir que la solución mágica es que venga otro cuerpo policial, que a ellos sí dotarlos de medios, y no dotar a los que ya están».

«Los datos refuerzan el argumento. Almería es hoy el principal punto de entrada de la ruta argelina, la vía migratoria irregular más activa y más mortífera del Mediterráneo occidental. Según los datos que maneja AUGC Almería, en los últimos diez años han entrado por la provincia unos 60.000 migrantes, y el SIVE, el sistema de vigilancia de nuestras costas, es de uso exclusivo de la Guardia Civil. Desmantelar la presencia de la Guardia Civil en el litoral más presionado de España no es reforzar la seguridad: es debilitarla. A ello se suma el impacto sobre las más de 800 víctimas de violencia de género con seguimiento activo en Roquetas de Mar, que pasarían a depender en exclusiva de la UFAM, con el trastorno que supone para muchas de ellas romper el vínculo de confianza con los agentes que llevan años acompañándolas».

Prioridad: los 180 guardias civiles y sus familias

AUGC explica que seguirá centrada en lo que considera irrenunciable: la protección de los 180 guardias civiles afectados y de sus familias. «Son ellos quienes van a pagar el precio de esta decisión, en una provincia castigada por el narcotráfico y la presión migratoria y donde», según denuncia la asociación, «se estarían bloqueando la entrada vacantes en las unidades de Almería pero no sus salidas, dejando sin cubrir plazas necesarias para poder recolocar sobre el papel al personal cesado. Exigimos la publicación inmediata de todas las vacantes de la provincia, un calendario cierto del proceso y la adaptación de la normativa de destinos si es necesario para evitar el destierro forzoso de estas familias».

«AUGC lleva más de treinta años defendiendo a los guardias civiles y vivió esta película en múltiples ocasiones, en muchas provincias y con muchos gobiernos. Por eso sabe que estos procesos no se ganan con gestos, ni con calendarios imposibles, ni convirtiendo la defensa del Cuerpo en munición para nadie». «Nosotros lo que vendemos es la realidad, son datos, son hechos», subrayó Vega, que reclamó «acciones serias y pensadas, no decisiones improvisadas» y advirtió de que «no se puede ir como un kamikaze a estos asuntos, y no le vamos a comprar la idea a partidos políticos para campañas electorales».

Además, la asociación señaló que «tampoco es aceptable un modelo de trabajo en el que se convocan reuniones con tres días de margen ignorando que los representantes de los guardias civiles prestan servicio, hacen dobletes y tienen familia, ni en el que la discrepancia se interpreta como deslealtad. AUGC aportó trabajo, análisis y alternativas. Se le respondió que solo había una opción posible».

A su vez, AUGC explicó que «constatamos además que la llamada unidad de acción es cada vez menos unánime: son ya varias las asociaciones que no comparten la estrategia de la demarcación compartida, y otras han expresado públicamente que ese modelo relegaría a la Guardia Civil a las zonas rurales mientras la Policía Nacional asume el núcleo urbano. Coincidimos: el debate no es cómo repartir Roquetas, sino por qué hay que perderla». «AUGC seguirá trabajando, sola o acompañada, con datos, con propuestas y con los guardias civiles de Roquetas y sus familias por delante de cualquier otra consideración», concluyeron desde la asociación.