Asociaciones profesionales de la Guardia Civil y el PP de Roquetas mantienen una reunión sobre el cierre del cuartel

Las asociaciones profesionales han reiterado que no se oponen a la llegada de la Policía Nacional ni al refuerzo de la seguridad pública en el municipio. Lo que se rechaza es que dicha implantación lleve aparejada la salida de la Guardia Civil, el cierre de su acuartelamiento y el desplazamiento de los agentes que llevan décadas prestando servicio y conocen profundamente la realidad social, territorial y delincuencial de Roquetas de Mar.

El artículo 11.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, establece que corresponde a la Policía Nacional ejercer las funciones de seguridad ciudadana en las capitales de provincia y en aquellos términos municipales y núcleos urbanos que determine el Gobierno.

Sin embargo, la propia norma también permite al Ministerio del Interior ordenar que cualquiera de los dos cuerpos asuma, en zonas concretas, determinadas funciones atribuidas al otro, con el objetivo de optimizar los medios disponibles y racionalizar la distribución de efectivos. Por tanto, existe margen legal para establecer un modelo coordinado y adaptado a las características específicas de Roquetas de Mar.

El Partido Popular de Roquetas de Mar manifestó que tiene conocimiento de la existencia de localidades andaluzas en las que conviven ambos cuerpos y trasladó su intención de promover una pregunta parlamentaria para conocer en qué otros puntos de la geografía española se mantiene un modelo de competencias compartidas.

Ante una decisión cuya competencia corresponde al Gobierno de España, la demarcación compartida donde la Guardia Civil mantenga la responsabilidad de seguridad ciudadana, como viene realizando actualmente mediante un despliegue operativo y con conocimiento consolidado de esos núcleos, en las zonas de Aguadulce, Campillo del Moro, El Parador de las Hortichuelas, Cortijos de Marín y El Solanillo, otorgando nuevas competencias a su vez, respecto a la Policía Nacional en las zonas denominadas como Las Salinas, Roquetas Centro, Las Marinas y la Urbanización de Roquetas de Mar, implementando así, de manera eficiente la suma de potencial de servicio y diferentes prestaciones operativas que pueden ofrecer ambos cuerpos a la seguridad territorial de la citada localidad.

Las asociaciones profesionales han dejado claro que esta convivencia no puede traducirse en una presencia meramente testimonial de la Guardia Civil ni en su relegación a un papel secundario. Una demarcación compartida real debe articularse mediante un reparto equilibrado, proporcional y equitativo de las competencias.

Por ello, las asociaciones profesionales asistentes solicitan al Ayuntamiento de Roquetas de Mar, que defiendan ante el Gobierno de España, al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Guardia Civil que reconsideren el cierre del acuartelamiento y abran un proceso de diálogo que permita establecer una demarcación compartida, equilibrada y eficaz.

El objetivo debe ser garantizar la continuidad de la Guardia Civil en Roquetas de Mar, proteger el futuro profesional y familiar de sus agentes y ofrecer a los ciudadanos un modelo policial más fuerte, cercano y adaptado a la singularidad del municipio.