Amat trasladará Servicios Sociales al nuevo edificio de El Puerto para dejar libre el del cuartel

Aunque el Gobierno de España mantiene el silencio desde hace tres años sobre sus planes en materia de seguridad para el municipio roquetero, el Ayuntamiento de la localidad quiere seguir dando pasos para llevar a cabo el protocolo de intenciones firmado en su día con el anterior Gobierno de Rajoy para el traslado del cuartel de la Guardia Civil al actual edificio de Servicios Sociales de la avenida de Curro Romero.

El último paso se anunció esta semana coincidiendo con la inauguración del nuevo edificio municipal polivalente de El Puerto, una promesa electoral de las elecciones de 2015 que ha sido objeto de polémica por sus retrasos y sobrecostes, y sobre el que Amat anunció sus planes para trasladar allí los Servicios Sociales y liberar por tanto el actual edificio para el nuevo cuartel.

Cambio de planes

Se trata de un movimiento que implica un cambio de planes, de acuerdo con la información trasladada por el Ayuntamiento ayer viernes. Así, aunque hasta ahora la intención declarada por el equipo de Gobierno pasaba por construir un nuevo edificio de Servicios Sociales, que está ya presupuestado con partidas plurianuales y aportaciones de la EDUSI (Estrategia de Desarrollo Sostenible), y sobre el que se dispone de proyecto desde hace un año, el alcalde aseguró el jueves que el traslado de los Servicios Sociales a El Puerto «siempre ha sido una prioridad para el Ayuntamiento y será una realidad», además añadió que «nos gustaría que lo fuera también el traslado del cuartel de la Guardia Civil, tal y como se refleja en el protocolo firmado en 2018», declaró en el acto inaugural.

El nuevo edificio cuenta con una superficie construida de 2.751 metros cuadrados, es decir, algo más grande que el actual de Servicios Sociales que se quiere destinar a cuartel, y está dividido en tres plantas, contando con diversas salas de usos múltiples y otras específicas de formación.

El proyecto ha sido especialmente polémico por los sobrecostes y retrasos que ha experimentado y que como ya informó IDEAL hace unos meses, aumentó las tensiones dentro del equipo de Gobierno que acabaron con la degradación primero, y la renuncia después, del concejal del PP Francisco Gutiérrez.

Concretamente, se adjudicó en 2018 por 2,5 millones de euros y con un plazo de ejecución de 8 meses, pero ha acabado costando más de 3 millones de euros. De hecho, en el Pleno de noviembre del año pasado la modificación presupuestaria para hacer frente a los cambios fue objeto de duras críticas de los grupos de la oposición.

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