Amat peleará por «legalizar la situación del residencial»

Roquetas de Mar celebró el último pleno del año contando con más de 20 puntos, en el que destacó y de sobremanera uno: el caso de la concesión de una licencia para la construcción del residencial de 129 viviendas afectado por el fallo del Tribunal Supremo y la valoración de las repercusiones de la sentencia.

Este punto ocupó un tercio de la sesión plenaria de un total de cuatro horas y media de duración. El alcalde de la localidad, Gabriel Amat, hizo una comparecencia en el pleno para explicar este tema.

«Vinieron unos proyectos, que se llevaron a la Comisión de Urbanismo, en el que estuvieron todos los partidos y que contaron con algunas abstenciones y solo hubo un voto en contra. Se aprobó el acta y dicha comisión llevaba más de 300 viviendas en el año 2003».

Amat añadió más contexto sobre este asunto como por ejemplo que «esa comisión fue a la comisión de Gobierno y que se aprobó. Ese acta de la Comisión de Gobierno va ese año a la Junta de Andalucía, que tiene conocimiento de todo lo que se hace en el Ayuntamiento.

Si esta institución cree que se ha hizo algo indebido, tenía la obligación de impugnar para aquello que se hizo mal y no hizo nada». «Se da la obra y la licencia, y tres años después ya está hecha la obra, pide la licencia de toda la ocupación y ahí ya, arranca todo.

Esas viviendas estaban vendidas y otras se vendieron, pero ninguna de las personas que las compraron las tenían conocimiento de nada, porque las licencias se dieron correctamente, informadas por el responsable de urbanismo de Roquetas y que fue presidente de la Comisión de Urbanismo de la Junta de Andalucía, que contó con un informe favorable. Y ahora, 20 años después viene el Tribunal: «la Junta de Andalucía no podía pedir la modificación del expediente, no tenía esas competencias».

Amat luchará por esta situación

Amat, además, indicó que «el Consistorio «hará todo lo posible» para que se «quede legalizada» la situación del residencial 'Balcón de Golf'» cuya demolición la ordenó en firme el Tribunal Supremo, y defendió que se otorgó la licencia para 129 apartamentos en 2003 «sin ningún informe desfavorable» por parte de la Junta.

Además añadió que «vamos a hacer todo lo que se pueda para no perjudicar a nadie porque los propietarios compraron de buena fe; posiblemente, algunos estén hasta pagando todavía y no los podemos machacar».

En el debate del pleno, que la oposición focalizó en las consecuencias de la sentencia no solo para los propietarios de los 129 apartamentos, en un 80% como primera residencia, sino también para las arcas municipales a tenor del fallo, el primer teniente de Alcalde, José Juan Rodríguez, enmarcó el contencioso-administrativo que tuvo dos fases en 2006 y en 2015, en un «contexto» de «persecución notable y notoria» sobre «el alcalde de Roquetas de Mar y entonces presidente provincial del PP y su familia».

La oposición exige respuestas

Por su parte, el PSOE calificó el residencial con piscina sobre el que sobrevuela el derribo como «un pelotazo urbanístico» y una «auténtica barbaridad» y destacó que, de acuerdo al baremo indemnizatorio que se establece en el fallo, la ejecución costará al ayuntamiento «unos 17 millones de euros, más del 15% del presupuesto normal anual».

«Esto es muy grave, porque el Ayuntamiento está obligado a hacer un informe sobre el valor de los 129 apartamentos, sótano, garaje, piscina y demás construidos, que nunca será inferior al mayor de los valores catastrales, más un 30% y deberá hacer constar el importe como garantía mediante la correspondiente modificación presupuestaria como garantía», indicó el concejal Rafael Torres.

El concejal entró también en la «responsabilidad política» y pidió a Amat que entone «el mea culpa y deje de mirar para otro lado».

«Alguien debe dimitir y queremos que se nos muestre quién es el responsable porque alguien tiene que responder de este disparate que va a causar un perjuicio tan grande», señaló el concejal.

Asimismo, la concejala de Vox, Soledad Pérez, comentó que el Ayuntamiento debe dar una respuesta a los damnificados «sobre los que no debe recaer el hecho de que se diera una licencia irregular» y se preguntó por las «medidas» que está adoptando al respecto el equipo de gobierno tras serle notificada la sentencia de 20 de noviembre.

La concejala le hizo nueve preguntas al equipo de Gobierno que no contestó ninguna.

Otras formaciones van a la raíz

Igualmente, Pepe Montoya, portavoz de Almería Avanza quien considerando que, al margen de otros debates, «lo que está claro es que van a ser los roqueteros los que tengan que pagar» y afirmó que, si el ayuntamiento sostiene que «no es culpa suya», debe «denunciar a la Junta de Andalucía».

Por su parte, Belén Pérez, portavoz de IU-Podemos, exigió «coherencia» y que «respondan» con «su propio patrimonio todos los concejales que votaron a favor» de la licencia municipal que ahora ha sido declarada nula. «No se puede jugar con el dinero de los roqueteros e irse de rositas.

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