Amat busca dar portazo a la comisaría reclamando la devolución de los terrenos

La decisión, que deberá ser confirmada en el Pleno, descartaría definitivamente el proyecto en caso de que el Gobierno aceptara, y llega cuando se cumple casi un año de la firma del protocolo firmado por Gabriel Amat y el entonces ministro del Interior, José Ignacio Zoido, para ceder a la Guardia Civil el actual edificio municipal de Servicios Sociales para un cuartel con el compromiso de reforzar la plantilla de la Benemérita hasta más de 180 agentes.

La Guardia Civil cumplió su compromiso, y desde finales del pasado verano tiene en la localidad los agentes prometidos, que se ven obligados a usar unas instalaciones que ya presentaban serias carencias y limitaciones cuando la plantilla era menor, y cuyos problemas se han agravado con la llegada de los refuerzos.

Sin embargo, el protocolo no ha llegado a traducirse en la firma de un convenio para confirmar lo acordado, y pese a que la idea era que el nuevo cuartel estuviera funcionando hace ya meses, por el momento se desconoce si finalmente el Gobierno de España acepta el protocolo firmado por Zoido o retoma las múltiples promesas del PSOE desde hace más de 20 años, para construir una comisaría de Policía.

La única pista de la postura del Gobierno está en una respuesta a una pregunta del senador socialista por Almería, Juan Carlos Pérez Navas, el pasado 31 de octubre de 2018. En ella, desde el Gobierno de Pedro Sánchez se informaba al senador que existe un proyecto para la construcción de la comisaría desde 2007 y que «se incorporará al futuro Plan de inversiones en infraestructuras de la Dirección General de la Policía, dentro del marco del Plan de Inversiones de la Secretaría de Estado de Seguridad».

El Gobierno aprobó recientemente el referido Plan de Inversiones, en el que se contemplan 600 millones de euros en infraestructuras para la seguridad del Estado, pero por el momento se desconoce si finalmente se incluirá el proyecto de la comisaría. Mientras la Subdelegación del Gobierno en Almería guarda silencio sobre la situación de ambos proyectos, IDEAL ha intentado esta semana conocer la postura del Ministerio del Interior, pero desde el mismo únicamente se confirma la aprobación del Plan de Inversiones y se puntualiza que ahora se está a la espera de que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil indiquen qué proyectos quieren ejecutar con ese Plan de Inversiones.

Guerra soterrada

El modelo de seguridad de Roquetas hasta ahora se circunscribía al ámbito político, sindicatos y también a algunas asociaciones de vecinos que reclamaban más seguridad y concretamente pedían la comisaría. Sin embargo, en los últimos meses se ha convertido en una auténtica guerra soterrada en la que se están ejerciendo presiones en uno u otro sentido a periodistas y políticos, con fuertes discusiones en redes sociales en las que abundan graves acusaciones, en muchas ocasiones desde perfiles falsos.

A nivel político, la discusión coincide con el preámbulo de una campaña electoral, y sobre el movimiento de Gabriel Amat para pedir la devolución del solar, se han pronunciado tanto IU-Tú Decides como el PSOE. Los primeros contaron esta semana con la visita de la diputada en el Congreso, Eva García Sempere, que visitó la parcela destinada a la comisaría y desde allí defendieron el proyecto, acusando a Gabriel Amat de ser el «principal escollo» de que Roquetas no tenga comisaría y haciéndole principal responsable de las cifras de criminalidad, que en algunos casos superan incluso a la capital. «Ya no es que a Roquetas le corresponda una comisaría por número de habitantes, es que los índices de delitos que tienen que sufrir los vecinos llegan a superar a ciudades de mayor tamaño, por lo que el alcalde debe tomar cartas», dijo.

Por su parte, desde el PSOE, Manolo García volvió a criticar la postura del alcalde roquetero y acusó al PP de llevar 24 años «sin aclararse con el modelo de seguridad», recordando que durante los Gobiernos del PSOE en Madrid, el PP sí reclamó la comisaría, «y ahora quieren desecharla». García insistió en considerar el acuerdo del nuevo cuartel como «lesivo para los intereses municipales» y volvió a preguntarse por el destino de todos los servicios que actualmente se encuentran en el edificio de Servicios Sociales y sobre los que el Ayuntamiento sigue guardando silencio.