La juez del Caso Hispano Almería anula la citación de Crespo por ser aforada

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La decisión llega el mismo día en el que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha aclarado que «un juzgado no puede citar como investigado a un aforado», como se venía apuntando.

Desde el TSJA se ha puntualizado que el juzgado «tendrá que seguir investigando» y por tanto, «llamar al resto de investigados o las diligencias que considere oportunas», pero al ser Crespo aforada, deberá esperar a tener «indicios suficientes de delito» en su caso, para «elevar una exposición razonada a la Sala Civil y Penal del TSJA para que sea esta la que lleve el asunto».

Por tanto, siguen estando citados a declarar una veintena de personas, incluidos los representantes legales de las empresas del grupo Hispano Almería, así como la totalidad de los concejales del Grupo Popular en La Mojonera en los años investigados. Entre ellos está el exalcalde José Cara, que ostentara hasta inicios de este año la presidencia del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa), así como técnicos municipales.

Como se recordará, Crespo fue citada inicialmente al parecer por las irregularidades detectadas en el proyecto del Museo de la Agricultura, que fue financiado a través de una subvención de la Junta de Andalucía gestionada por la Asociación de Promotores Turísticos del Poniente que ella presidió en su día. Sin embargo, como aclaró Crespo ayer en una comparecencia, en el momento en el que se adjudicó la obra ya no ostentaba el cargo de presidenta, que además, puntualizó que era «institucional» y «rotatorio» entre los alcaldes del Poniente, pero que no intervenía en la gestión de las obras, que correspondía a los ayuntamientos.

Como se sabe, las citaciones sobre el Caso Hispano Almería en La Mojonera se unen a otras conocidas hace unos días también en Roquetas de Mar, entre las que se incluyó a la concejal de Contratación, Mayte Fernández y varios técnicos municipales, incluidos el secretario municipal y el que fuera interventor en aquellos años. Se investigan mordidas y sobornos en la ejecución de numerosas obras ejecutadas por la que fuera una de las mayores empresas de obra pública de la provincia.