Las 5 claves del Caso Halsa en La Mojonera

El Caso Hispano Almería investiga una trama de presuntos cobros de comisiones, mordidas e irregularidades en beneficio de la que fue una de las mayores constructoras de obra pública de la provincia, así como de técnicos y cargos políticos de varios ayuntamientos. En el caso de La Mojonera, la Policía Nacional ha emitido informes en los que habla de «intereses económicos directos» del exalcalde del PP, José Cara, que están «claramente acreditados», en una de las empresas del grupo, Gesponiente. Unos intereses que se tradujeron en diversas irregularidades en obras contratadas por el Consistorio que presidía, y sospechosas permutas de parcelas que supusieron operaciones «muy rentables» para la empresa, «en detrimento de los intereses económicos del Ayuntamiento y del interés social de los habitantes de La Mojonera».

La consejera de Agricultura es citada, en calidad de investigada, por presidir en su día la Asociación de Promotores Turísticos del Poniente Almeriense, a través de la que se tramitó una subvención de la Junta de Andalucía para hacer el Museo de la Agricultura de La Mojonera. En los informes policiales se constatan numerosos reparos de la Intervención y la Secretaría del Ayuntamiento de La Mojonera al proyecto, tanto por la titularidad de la ubicación del espacio, como por la insuficiencia de fondos. Sin embargo, los reparos se produjeron después de que Crespo dejara el cargo de presidenta de la asociación y las obras no dependían de esta, ya que eran ejecutadas directamente por los ayuntamientos asociados al ente.

La causa de Hispano Almería lleva ya siete años de tramitación desde que concejales del PSOE de La Mojonera presentaran una denuncia por las presuntas irregularidades e intereses del entonces alcalde en este grupo de empresas. Es una causa que pasó de Almería a El Ejido y volvió nuevamente a Almería y se está eternizando. La imputación de Crespo y una veintena de pesonas más, conocida ahora, retrasará aún más el caso, ya que al tratarse Crespo de una aforada el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía deberá decidir si procede o no imputarla.

Se trata de una causa que lleva años provocando turbulencias políticas en la provincia. El PP se enfrenta a serias acusaciones de financiación ilegal y mordidas en alguno de sus feudos más importantes, como Roquetas de Mar. Se habla incluso de presuntos pagos de actos electorales por parte de la empresa constructora. Las acusaciones ya se cobraron la dimisión de uno de los principales protagonistas del proceso, el exalcalde de La Mojonera, José Cara, que renunció a la presidencia del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa) a principios de este año. El PSOE por su parte está personado en la causa e inició el caso de La Mojonera con la denuncia presentada por sus concejales. Una causa política que ayer saltó a la escena autonómica al conocerse la imputación de Crespo, con toda la oposición en el Parlamento de Andalucía pidiendo su cese.

La consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía anunció ayer que recurrirá el auto en el que es llamada a declarar en calidad de investigada en esta causa. Crespo aseguró en una comparecencia pública tras el Consejo de Gobierno de la Junta en Sevilla, que el cargo de presidenta de la Asociación de Promotores Turísticos del Poniente Almeriense era «institucional» y «rotatorio» entre los alcaldes del Poniente «de diferentes los signos políticos» e insistió en que las obras las tramitaban y adjudicaban directamente los ayuntamientos, recordando que la Junta no puso reparos en su día al proyecto investigado ahora en esta causa y por el que ha sido imputada.