Citan a declarar a una veintena de cargos públicos tras reactivar la Justicia el Caso Hispano Almería

La Justicia ha reactivado el caso Hispano Almería, una causa que investiga desde hace siete años presuntas mordidas a funcionarios y políticos por la concesión de obras públicas así como una posible financiación de campañas electorales por una de las mayores contratistas de obra pública de Almería en los años 2000. La juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Almería, que tiene asignada la investigación ha creado dos piezas separadas y ha ordenado nuevas diligencias entre las cuales están la citación a declarar como investigados de una concejal y varios técnicos municipales en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar por obras realizadas en ese municipio. Esto ocurría la semana pasada. Pero en otra pieza separada, esta dirigida a investigar potenciales irregularidades en torno al Ayuntamiento de La Mojonera en época del anterior gobierno, del PP, ha emitido nuevas imputaciones dirigidas a técnicos y políticos que fueron partícipes de una u otra forma de la tramitación de obras o expedientes ejecutados en dicho municipio y que fueron demandados o contratados por la citada empresa constructora o alguna de sus filiales.

Entre la veintena de personas citadas en calidad de investigados -están, por ejemplo, los propietarios de Hispano Almería- destaca la totalidad de los concejales del Grupo Popular en La Mojonera en los años investigados. Entre ellos está el exalcalde José Cara, que ostentara hasta inicios de este año la presidencia del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa). Pero también se cita a declarar a la actual consejera de Agricultura, Carmen Crespo, que en los años de la investigación presidía la Asociación de Promotores Turísticos del Poniente Almeriense, a través de la que se financiaron las obras del Museo de la Agricultura de La Mojonera, ejecutadas por el Ayuntamiento con una subvención de la Junta de Andalucía. Sin embargo, todo indica que la imputación de Crespo tendrá en este trámite un nulo recorrido porque la consejera es diputada y miembro del Gobierno andaluz, por lo que la investigación contra ella tendrá que acabar sin solución de continuidad en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dado su aforamiento.

Todos ellos, junto a técnicos y los representantes legales de las empresas Hispano Almería, Alcosan Almería, Gesponiente y Taller de Arquitectura Almería, están citados a declarar entre el 11 de enero y el 8 de abril. Además, la juez también ha citado a declarar, en calidad de testigos a otros tres técnicos que deberán acudir al juzgado en el mes de mayo.

La juez Ana Belén Vico ha atendido así la petición formulada por la Fiscalía Provincial y por la acusación particular que ejerce, en esta causa, el PSOE -cuyos concejales en La Mojonera denunciaron en 2014 los hechos investigados-. Todo ello una vez que la Audiencia Provincial ha dictaminado que es competente para instruir la causa el juzgado 3 de Almería pese a que los hechos hayan ocurrido en municipios de otros partidos judiciales.

Los pasos dados ahora, tanto en La Mojonera como en Roquetas, se basan en los informes de julio de 2020 del Grupo de Blanqueo de Capitales y Antocorrupción de la Policía Nacional de Málaga por presuntos delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

En dicho documento, la Policía Nacional ha investigado varios municipios de la provincia, pero centra sus indagaciones en Roquetas de Mar y La Mojonera. El informe de la denominada 'Operación Terminus' dice observar diez años de operativa económica subterránea en la que, presuntamente, el grupo empresarial habría utilizado una supuesta caja B para «gratificar», según las hipótesis de la investigación, «la concesión» de adjudicaciones de obra en diferentes administraciones. En algunas ocasiones a «los técnicos municipales que emiten los informes» para los proyectos, para la valoración de las ofertas u ostentan el control «durante la ejecución de las obras». Pero la mayor parte de estas entregas tienen un destino que «se ignora». Son aproximadamente 5,4 millones de euros. Durante los primeros pasos de la instrucción de esta causa, uno de los empleados de Hispano Almería relacionó en su declaración ante el juez los recibís investigados con pagos a funcionarios y políticos.

La policía enumera lo que considera que podrían ser diversas «irregularidades», la mayoría de carácter «administrativo» que, a su juicio, dejan «entrever» lo que llegan a calificar como «cierta connivencia entre los técnicos y responsables municipales con la dirección de la empresa». Por ejemplo, el hecho de que «de manera sistemática» se incumpliesen los plazos de ejecución, clave para la asignación de la obra a la constructora, o que se den «modificaciones» contractuales con sobrecostes que «en ocasiones» superan el 20% del presupuesto inicial, cuantía que obligaría a la paralización del contrato y el lanzamiento de un nuevo concurso público. «Todas las modificaciones», añade a su vez, «son propuestas por técnicos municipales que en su momento informaron favorablemente los proyectos iniciales» que después se vieron ampliamente superados en coste público.

En el caso de La Mojonera, la investigación apunta a varios expedientes urbanísticos. Uno de ellos, la permuta de unas parcelas por otra municipal tasada en más de 840.000 euros apenas un año después de que la mercantil comprase las suyas por menos de la mitad de ese valor. El equipo de gobierno basó el interés municipal en la permuta en la futura construcción de la Ciudad del Deporte y con el objetivo de la construcción de un parque público y recinto ferial. Estos proyectos no se llegaron a materializar, punto en el que los investigadores policiales de la UDEF subrayaron en 2017 que «pudiera haber ido en detrimento de los intereses económicos del Ayuntamiento y del interés social de los habitantes de La Mojonera» pese a que «ha resultado muy rentable para la mercantil Gesponiente», empresa de la que acredita en su informe la Policía, era «accionista» y «partícipe en el reparto de las ganancias» José Cara, entonces alcalde. Las fincas fueron de nuevo permutadas más tarde por el Ayuntamiento a unos privados. Ese expediente, aún con Cara en la Alcaldía, las valoró en 425.090,78 euros, casi la mitad de lo que se consideró en la operación con Gesponiente.

La investigación nace de una querella en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (entonces el exregidor era aforado por su condición de parlamentario autonómico) presentada en 2014 por los cuatro concejales con los que contaba en el momento el Grupo Socialista en el Consistorio mojonero.

Uno de los denunciantes, Francisco Navarro, fue expulsado del PSOE tras pactar con Cara una moción de censura al actual regidor, José Miguel Hernández (de la agrupación de electores Tod@s La Mojonera), que pudo mantener la vara de mando gracias a la normativa antitrasfuguismo -ahora derogada por el Constitucional-. Cara abandonó la política a principios de este año.

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