«Nuestro hijo perderá el derecho a terapia antes de la primera sesión»

«No sabemos cuándo lo llamarán. En el centro nos dijeron que la lista de espera es tan larga que probablemente ya habrá cumplido los seis años cuando le toque, y entonces ya no tendrá derecho a atención temprana», explica Rosendo, visiblemente frustrado. Lo que viven no es un caso aislado, sino el reflejo de «una situación generalizada» en la provincia de Almería, donde los retrasos y la saturación de los CAIT (Centros de Atención Infantil Temprana) están afectando gravemente a muchas familias.

La Ley 3/2023 de Atención Temprana de Andalucía es clara: ningún menor debe esperar más de tres meses desde la derivación médica hasta el inicio de las terapias. Sin embargo, en Almería ese plazo se incumple de forma sistemática. Según datos recogidos por asociaciones de familiares y profesionales del sector, la media de espera supera los ocho meses, y en algunos municipios, como Roquetas, se alarga más de un año.

Rosendo lo expresa con desesperación: «No estamos pidiendo un privilegio. Solo queremos que se cumpla la ley. Si no se aplica, ¿para qué la aprobaron?». Mientras tanto, el desarrollo de su hijo está en riesgo. «Cada mes que pasa es una oportunidad perdida. Estos años son críticos», añade.

Obligados a la privada

Ante la inacción del sistema, muchas familias optan por acudir a la atención privada. En el caso de Rosendo y Zaida, su hijo está recibiendo actualmente terapia ocupacional, logopedia y psicología en centros privados de Roquetas y Almería. El coste mensual ronda los 600 euros, una cifra que supone un sacrificio económico importante.

«Es como pagar otra hipoteca. Hemos tenido que recortar en todo, pero esto es prioritario. ¿Qué otra opción tenemos? ¿Dejarlo sin apoyo?», plantea Rosendo. Aunque reconocen que, con esfuerzo, pueden permitírselo, se preguntan qué pasa con las familias que no pueden asumir ese gasto. «¿Esos niños se quedan fuera del sistema por no tener recursos?», añade indignado.

El problema no solo afecta a quienes están esperando. También se están reduciendo las sesiones a niños que ya estaban en tratamiento. «Conocemos casos de menores que pasaron de tener 12 sesiones mensuales a solo 8. Les dijeron que era para poder incluir a más niños», denuncia Zaida.

Desde la asociación Atienda, creada recientemente por familias afectadas en la provincia, alertan de lo que consideran un «recorte encubierto». Han documentado testimonios de terapeutas que recomendaron mantener la intensidad de las sesiones por criterios clínicos, pero cuyas sugerencias fueron ignoradas por cuestiones organizativas. «Estamos viendo cómo se antepone el dato político a la salud de los niños. No se trata de repartir pobreza terapéutica, sino de garantizar que cada menor reciba lo que necesita», insisten.

Almería, a la cola en recursos

La situación en Almería contrasta con otras provincias andaluzas como Málaga o Sevilla, donde los tiempos de espera se ajustan más al plazo legal gracias a una mejor planificación y mayor dotación de recursos. En cambio, Almería presenta los peores datos de saturación y menor número de centros por habitante.

En Roquetas de Mar, una de las localidades con mayor población infantil de Andalucía, solo hay un CAIT público operativo, gestionado por la clínica Rubí. A pesar del esfuerzo de sus profesionales, el centro no da abasto. La última licitación del servicio de atención temprana, prevista para 2024, quedó paralizada por una denuncia judicial. Como consecuencia, gran parte del sistema ha quedado en una especie de limbo administrativo.

Según detalla la pareja, desde la Junta de Andalucía les han reconocido que la situación es «compleja» y afirman estar trabajando en una solución estructural. Sin embargo, mientras se resuelve, cientos de familias siguen esperando, y muchos menores podrían quedarse sin atención antes de alcanzar el límite legal de seis años.

Problemas estructurales: saOtro de los factores que agrava la crisis es la precariedad laboral de los profesionales que trabajan en los CAIT. Según las asociaciones, la Junta paga a los centros una media de 23 euros por sesión, una cifra que consideran insuficiente para garantizar calidad y continuidad en el tratamiento.

«Con esos precios, muchos profesionales optan por trabajar en el sector privado, donde las condiciones son mejores y hay más estabilidad», explica Rosendo. Esto provoca una alta rotación de terapeutas, lo que repercute negativamente en los niños. «Nuestros hijos necesitan continuidad, alguien que los conozca y con quien se sientan seguros. No puedes estar cambiando de psicólogo cada tres meses», lamenta.

Además, muchas plazas son ocupadas por profesionales recién titulados sin experiencia clínica previa. «No tenemos nada contra los nuevos terapeutas, pero esto no puede ser un campo de prácticas. Nuestros hijos no son cobayas», denuncian.

Un tiempo que se agota

A esta familia ya solo le quedan unos meses antes de que su hijo cumpla seis años. Si para entonces no ha comenzado las sesiones en el sistema público, perderá automáticamente el derecho a la atención temprana y deberá pasar al circuito de salud mental infantil, donde también hay lista de espera y el enfoque terapéutico es diferente.

Desde la asociación Atienda reclaman una ampliación inmediata de la atención temprana hasta los ocho años, una promesa que la Junta de Andalucía hizo durante la campaña electoral, pero que sigue sin concretarse. También piden que las nuevas licitaciones incluyan estándares de calidad, participación activa de las familias y una financiación adecuada.

Rosendo y Zaida no quieren quedarse de brazos cruzados. «Sabemos que levantar la voz no va a solucionar todo, pero al menos queremos que se sepa lo que está pasando», afirman. Además, recientemente han interpuesto una denuncia patrimonial al Sevicio Sanitario Andaluz para solicitar una indemnización por daños y perjuicios sufridos debido a los costes de terapia privada que se han visto obligados a abarcar.

«No pedimos nada extraordinario. Solo que nuestro hijo tenga las mismas oportunidades que cualquier otro. Que se cumpla la ley y que la administración deje de mirar hacia otro lado mientras pasa el tiempo», subraya la familia. Porque en esta carrera contra el reloj, cada semana sin terapia no es solo un retraso burocrático. Es una oportunidad perdida en el desarrollo de un niño. Y eso, como repite Zaida, «no se lo vamos a perdonar nunca».