Prisión sin fianza para el voluntario de la ONG de Vícar acusado de intercambiar sexo por alimentos

Prisión sin fianza para el voluntario de la ONG de Vícar acusado de intercambiar sexo por alimentos

Además de la presunta extorsión sexual, se habría hecho con unos 4.300 euros en productos procedentes del Banco de Alimentos entre los años 2016 y 2017

ALICIA AMATE/EUROPA PRESSALMERÍA

El Juzgado de Instrucción número 3 de Almería ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, para V.G.H.M., el voluntario de 63 años de una ONG de Vícar acusado de extorsionar sexualmente al menos a seis mujeres en situación de exclusión social a las que ofrecía comida del programa de garantía alimentaria a cambio de sexo.

Fuentes del TSJA han indicado que el juez, en funciones de guardia, le atribuye la presunta comisión de los delitos de apropiación indebida, explotación sexual y un delito continuado de abusos sexuales después de haberle tomado declaración a última hora de la mañana de este jueves.

Según las pesquisas policiales, además de la presunta extorsión sexual, se habría hecho con unos 4.300 euros en productos procedentes del Banco de Alimentos entre los años 2016 y 2017, que no llegaron nunca a ser entregados a sus beneficiarios.

La Guardia Civil encontró, asimismo, en un garaje de su domicilio, alimentos que debían haber sido repartidos antes del 31 de diciembre a las personas incluidas en los listados aprobados por la subdelegación de Agricultura, en condiciones de «insalubridad» y, en algunos casos, con la fecha de caducidad cumplida.

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La operación 'Asuero' permitió identificar al sospechoso, quien reclamaba relaciones sexuales a mujeres a cambio de alimentos, sentido en el que también se investiga a su esposa, quien se encargaba del del reparto de los lotes, y al responsable de la ONG por presunto delito de apropiación indebida. En este último caso se le achaca dejación de funciones ya que no habría ejercido un control «exhaustivo» de la actividad de la ONG y habría permitido el almacenamiento de la comida en lugares no autorizados.

En su condición de voluntario, el hombre «se quedaba con parte» de los productos remitidos por el Banco de Alimentos, que no llegaban «en su totalidad» a los legítimos beneficiarios, entre 35 y 30 personas según el periodo del año.

Primera denuncia en enero

La investigación se inició a raíz de la denuncia interpuesta en enero por una de las víctimas, que relató que su «extrañeza» ante el hecho de que no recibiese «siempre la misma cantidad de alimentos» y de que esta fuera diferente a la que recibían «algunas de sus vecinas en su misma situación, que variaba mucho».

La mujer contó, asimismo, a los agentes de la Guardia Civil que, dada «su situación de extrema vulnerabilidad y sus problemas personas», había tenido que acceder a tener sexo con el detenido. «En esas ocasiones constató que recibía más comida», ha añadido.

Si bien la primera afectada facilitó en su denuncia algunos de los nombres de supuestas víctimas, los agentes decidieron solicitar a la subdelegación de Agricultura la lista de los beneficiarios de alimentos aportada por la ONG y citarlos a declarar en dependencias policiales.

Algunas citaciones fueron infructuosas, pero se consiguió tomar manifestación a 30 personas, de las que 24 confirmaron que recibían menos alimentos de los que debían recibir y seis mujeres reconocieron que, por su situación, habían accedido a mantener relaciones sexuales con él a cambio de la comida.

Al hilo de esto, los datos recabados en la investigación revelan que V.G.H.M. cobraba supuestamente una media de «diez euros» por la inclusión en la lista de beneficiarios del Banco de Alimentos y entre «tres y cinco euros» por el reparto de los lotes.

La operación sigue abierta

La operación continúa abierta y no se descarta la aparición de nuevos investigados o víctimas, ha indicado que se ha comunicado a la Subdelegación de Agricultura la identidad de algunas de las personas perjudicadas para que se les «reasigne» a otros programas de alimentos.

Tanto la denunciante como otras víctimas carecen de trabajo o disponen de él con carácter eventual y en condiciones de precariedad. Asimismo, tienen hijos a su cargo, puesto que en muchas ocasiones pertenecen a familias monoparentales, en situación ilegal, que subsisten en gran medida gracias a las ayudas y acciones humanitarias, ya sean de carácter gubernamental o benéfico, que suelen estar canalizadas por iglesias o asociaciones.

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