TYPSA se encargará de evaluar el funcionamiento de las depuradoras del Poniente

Hará análisis periódicos sobre los sistemas de depuración y también controlará los emisarios, con el fin de evitar vertidos

J. VALDIVIA

Representantes de los municipios que integran el Consorcio para la Gestión del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano, encabezados por su presidenta Eloísa Cabrera, han mantenido esta semana una reunión en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar para, entre otros asuntos, llevar a cabo la firma del contrato administrativo de servicio de análisis de las aguas residuales brutas y tratadas de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales del Poniente almeriense, con la empresa Técnica y Proyectos S.A. (TYPSA).

El contrato tiene una vigencia de dos años con carácter prorrogable hasta un total de cinco años, y el importe de adjudicación anual asciende a 109.630 euros, destacando entre sus cláusulas que la empresa adjudicataria del servicio realizará más analíticas de vertido que las autorizadas, a la vez que se prevé también la reutilización del agua una vez que la Junta de Andalucía autorice el uso de las aguas regeneradas.

Como ya informó IDEAL en su momento, la licitación del contrato coincidió con la denuncia realizada a raíz de difundirse un vídeo sobre el supuesto vertido de aguas a través del aliviadero del emisario de La Ventilla, denuncia que está actualmente en el juzgado. Entre los objetivos marcados por este contrato está la asistencia técnica de control y evaluación de los procesos de depuración de aguas residuales urbanas que el Consorcio para la Gestión del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano del Poniente, realiza en las plantas de tratamiento de Adra, Balerma, Dalías, El Ejido, Enix, Felix y Roquetas de Mar. Para ello se llevarán a cabo analíticas de control de aguas depuradas, control de emisiones, seguimiento del medio receptor y análisis estructural del mismo, además la empresa adjudicataria del contrato tendrá que encargarse de llevar a cabo un plan de vigilancia de las conducciones y los emisarios para evitar sospechas sobre supuestos vertidos ilegales.

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