IU insta a poner en marcha los acuerdos para sacar viviendas en alquiler social

Imagen del Pleno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. :: R. I./
Imagen del Pleno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. :: R. I.

La medida fue aprobada esta semana por unanimidad de todos los grupos en la Comisión de Garantía Habitacional de Roquetas

J. VALDIVIA ROQUETAS DE MAR

Izquierda Unida ha exigido esta semana al equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar que firme «sin más demora» los convenios con las entidades bancarias para poner en marcha el Fondo Social de la Vivienda.

La reclamación se realizó en la celebración de la Comisión de Garantía Habitacional de Roquetas, en la que se aprobó el modelo de convenio para este fin entre Ayuntamiento y las entidades.

«Esta iniciativa fue impulsada por IU en el año 2017 y aprobada en ese mismo año. Hoy por fin se pone en marcha de mutuo acuerdo y con unanimidad de todos los grupos. La misma busca dar cumplimiento a la Ley y hacer posible que los bancos pongan a disposición para un alquiler social las viviendas vacías que tienen en el municipio de Roquetas, aplicando para ello también el convenio de la FAMP», declaró al respecto Ricardo Fernández, portavoz de IU Roquetas.

Fernández aseguró que «sabemos del gran problema que existe de la falta de oferta de viviendas en alquiler, y más destinado a familias con bajos ingresos: es por esto que debemos aplicar todas las medidas posibles para garantizar el derecho de vivienda a nuestros vecinos. Hoy damos un gran paso en ese sentido, pero llega con un año de demora, por lo que instamos al PP de Amat que comience ya con la firma de los convenios», dijo.

IU solicitó además que en dicho acuerdo, los bancos se vean obligados a informar a la Comisión y a los Servicios Sociales, de la ubicación y características de esas viviendas, con el fin de garantizar que los posibles realojos o mudanzas de familias con menores escolarizados se hagan dentro del entorno del centro educativo en el que estén matriculados.

La formación de izquierdas ha asumido esta semana la presidencia rotatoria de esta Comisión por un plazo de seis meses. Como se recordará, este órgano de participación fue acordado al inicio de esta legislatura impulsado por la mayoría que conformaban entonces los grupos de la oposición para dar una solución a los problemas de viviendas y de hipotecas surgidos tras la crisis inmobiliaria.

IU recordó que el Fondo Social de la Vivienda surge del Real Decreto ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios donde los ayuntamientos son parte receptora de este servicio en base al convenio firmado en 2013, por los ministerios de Economía y Competitividad, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Fomento, Banco de España, Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Plataforma del Tercer Sector (Organizaciones no Gubernamentales), patronales bancarias y 33 entidades de crédito.

«Como determina el artículo 2.5 del Convenio, las entidades de crédito pondrán a disposición de las posibles personas beneficiarias, de los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales colaboradores, de las ONG que desarrollen y ejecuten proyectos de inclusión social», explican desde IU. «Creemos que es urgente que esa información esté sobre la mesa de los Servicios Sociales cuanto antes y de forma actualizada para poder orientar a las familias que están en riesgo de desahucio».

En el texto del convenio se establece que las familias en situación de especial vulnerabilidad que hayan sido desalojadas de sus viviendas después de 1 de enero de 2008 por el impago de un préstamo hipotecario, podrán solicitar los inmuebles a partir de la puesta en marcha del citado convenio.

El alquiler de estas viviendas tendrá una duración de dos años y las rentas oscilarán entre los 150 y 400 euros mensuales, con un límite máximo del 30 por ciento de los ingresos netos totales de la unidad familiar.

 

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