El Defensor del Pueblo recomienda evaluar el impacto de la urbanización de Las Salinas sobre la Algaida

El Defensor del Pueblo recomienda evaluar el impacto de la urbanización de Las Salinas sobre la Algaida

Considera que la declaración de impacto del PGOU está incompleta y cree necesario evaluar cómo afectará la urbanización al espacio natural

JULIO VALDIVIA ROQUETAS DE MAR

El Defensor del Pueblo Español ha recomendado que se revise el impacto que puede tener la futura urbanización de Las Salinas, que planifica el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, sobre la zona natural de la Ribera de la Algaida.

Es una de las principales conclusiones de la comunicación remitida recientemente a los defensores del espacio y tras más de un año de trabajo de la oficina del Defensor del Pueblo, que como ya avanzó entonces IDEAL, abrió un expediente de oficio ante la repercusión y polémica que tuvo el proyecto de Las Salinas cuando el Ayuntamiento de Roquetas decidió reactivarlo con una innovación al PGOU.

Concretamente, y tras analizar cuestiones como la situación del deslinde de Costas o la declaración de humedal por parte de la Junta, el Defensor del Pueblo recomienda «modificar la declaración de impacto ambiental del PGOU de Roquetas de Mar, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Evaluación Ambiental, salvo que el futuro proyecto de urbanización deba someterse a una nueva evaluación de impacto ambiental en la que deberán analizarse sus efectos sobre el humedal de la Algaida y las medidas preventivas, correctoras o compensatorias que deban adoptarse para asegurar su protección», indica textualmente el Defensor del Pueblo, en una comunicación a la que ha tenido acceso IDEAL.

El informe, que se remitió antes de la reciente confirmación de la declaración de humedal por parte de la Junta y su inclusión en el Inventario de Humedales de Andalucía, explica que aunque esta declaración no se hubiera producido «no es motivo para que no se evalúen los impactos de la actuación sobre el espacio». Recuerda el Defensor, que «la evaluación ambiental abarca no solo los elementos ambientales incluidos en el ámbito territorial de la actuación, sino sobre aquellos situados fuera de ese ámbito pero que puedan resultar afectados por ella».

Declaración incompleta

Además, y con respecto a la declaración de impacto ambiental del PGOU vigente, que el Ayuntamiento hasta ahora ha considerado suficiente en esta polémica, el Defensor del Pueblo es tajante al asegurar en su informe que «no contiene menciones específicas a los impactos urbanísticos sobre el humedal, ni sobre las especies de aves en peligro de extinción».

En este sentido, recuerda que conforme a la Ley de Evaluación Ambiental «pueden modificarse las condiciones de la Declaración de Impacto Ambiental cuando durante el seguimiento de la declaración se detecte que las medidas correctivas, preventivas o compensatorias son insuficientes», circunstancia que «puede ocurrir cuando los impactos han sido insuficientemente evaluados y por tanto no se han tenido en cuenta para decir las condiciones en que se ha de ejecutar el proyecto urbanístico».

El Defensor del Pueblo asegura igualmente que «desde que se aprobó el PGOU de Roquetas se han producido importantes cambios normativos», entre los que cita que los planes generales ahora deben ser objeto de evaluación ambiental estratégica y no de impacto ambiental como ocurría cuando el documento roquetero se aprobó.

El Defensor también ha recomendado que se impulse la tramitación del procedimiento para la declaración de humedal de la Ribera de la Algaida «como espacio protegido con la categoría adecuada a los valores ecológicos detectados».

El informe hace alusión al deslinde de Costas, anulado en su día por la Audiencia Nacional por un defecto de forma en los plazos, tras una larga batalla judicial impulsada por los promotores urbanísticos y el Ayuntamiento de Roquetas. Aquel deslinde fue iniciado por el Gobierno de José María Aznar y aprobado finalmente por el de José Luis Rodríguez Zapatero, y el Consistorio siempre se mostró contrario al mismo ya que protegía toda la zona de la Ribera de la Algaida que se quedaba fuera de la futura urbanización. Tras la anulación, en 2010, Costas no parece tener prisa en iniciar la tramitación de un nuevo deslinde, lo que ha sido usado por la Junta para justificar sus dudas a la hora de tramitar la declaración de humedal que los defensores del espacio venían reclamando desde largo tiempo.

Si bien la declaración de humedal ya se ha desbloqueado, el informe del Defensor previo a esa declaración, deja claro que la Administración autonómica «debe proceder a iniciar la tramitación de declaración de espacio natural protegido de los terrenos en los que se ubica el humedal de la Algaida, de acuerdo con la categoría de protección que mejor se ajuste a los valores ecológicos existentes, sin necesidad de esperar a la tramitación de un nuevo deslinde», ya que aunque Costas aún no ha aclarado sus planes, la zona está ya incluida en el dominio público marítimo terrestre.

Como recogió IDEAL hace un año, la oficina del Defensor del Pueblo decidió abrir un expediente de oficio para investigar lo que estaba pasando con los planes urbanísticos del Ayuntamiento de Roquetas en esta zona, ante la existencia de más de 26.000 personas que manifestaron su oposición al proyecto. En la apertura del expediente, el Defensor recordó al Consistorio que la ordenación urbanística debe atender «las exigencias del interés general» y que por tanto debe ser «el interés de la comunidad el que debe prevalecer». También recordó los derechos de los ciudadanos a la hora de acceder a la información urbanística y poder alegar y participar en estos procesos.

Los opositores al proyecto siempre han mantenido que aunque la Ribera de la Algaida se quede fuera de los planes, la presión a la que se verá sometida, con unas 8.000 viviendas en los alrededores, incluidos de edificios de gran altura, acabará por destruir sus valores ambientales.

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