El Defensor del Pueblo investiga los planes urbanísticos de Las Salinas

El Defensor del Pueblo investiga los planes urbanísticos de Las Salinas

El criticado proyecto motivó la apertura de oficio de un expediente, estando ahora a la espera de que Costas informe sobre el deslinde

JULIO VALDIVIA

La oficina del Defensor del Pueblo ha abierto un expediente de oficio ante los planes urbanísticos que el Ayuntamiento de Roquetas pretende poner en marcha en Las Salinas, según ha podido saber IDEAL. El movimiento se inició el año pasado, justo tras difundirse en toda España que uno de los municipios con más viviendas vacías y más afectados por la crisis inmobiliaria de hace unos años, impulsaba una de las mayores urbanizaciones que se preparan en la actualidad, con alrededor de 8.000 nuevas viviendas.

Desde la oficina del Defensor del Pueblo español, entonces dirigida por Soledad Becerril, se informó al Ayuntamiento de Roquetas de la existencia de más de 26.000 personas que manifestaron su oposición al proyecto de urbanización de Las Salinas. En su escrito, se recordó al Ayuntamiento de Roquetas que la ordenación urbanística es competencia de las administraciones municipales «atendiendo a la necesidad de establecer la más adecuada a las exigencias del interés general, siendo, por tanto, el interés de la comunidad el que debe prevalecer», se aseguró desde este organismo.

El Defensor del Pueblo también recordó al Ayuntamiento roquetero los derechos de los ciudadanos a la hora de acceder a la información urbanística y a presentar alegaciones, considerando «trascendental» que se «intensifique» la participación ciudadana y, en caso de rechazarse las alegaciones «dicha resolución debe estar motivada, argumentada con arreglo a criterios de racionalidad y acompañada del correspondiente informe técnico».

Además, desde esta oficina estatal, también se recordó que «año tras año» viene reclamando a las Administraciones públicas «que adopten cuantas medidas sean precisas para acabar con los problemas de la vivienda y la carestía del suelo existente en nuestro país». Sin embargo, también consideró que en este caso «existirían otros condicionantes que impedirían poder edificar en este lugar, como por ejemplo, que se trata de un paraje especialmente protegido por sus valores medioambientales y paisajísticos».

La resolución, reclamó al Ayuntamiento de Roquetas toda la información al respecto y recordó su posicionamiento instando a las Administraciones «a que refuercen los controles sobre los procesos urbanizadores y edificatorios, de forma que el crecimiento de las ciudades esté precedido de una actividad planificadora racional y sostenible, que delimite los espacios de dicho crecimiento, equilibre las ciudades social y territorialmente, y preserve para futuras generaciones aquellas otras áreas con valores medioambientales dignos de ser protegidos».

Respuesta del Ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento de Roquetas se respondió al Defensor del Pueblo meses después, asegurando que los procesos que se están llevando a cabo han tenido la exigida exposición pública y un periodo de alegaciones que dio como resultado la presentación de 908, prácticamente todas ellas rechazadas, como ya informó IDEAL esta semana.

El Consistorio también asegura que el actual PGOU fue sometido a la Evaluación de Impacto Ambiental vigente en el momento de su aprobación, aunque reconoce que no se ha sometido a la Evaluación Estratégica Ambiental obligada por una Ley de la Junta de Andalucía (una de las alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción) ya que la misma no era de obligado cumplimiento hasta su entrada en vigor en el año 2016.

En cuanto a la situación de la Ribera de la Algaida, el Ayuntamiento de Roquetas afirmó en su respuesta que «no se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de la Junta de Andalucía, ni en el Plan Andaluz de Humedales o el Inventario de Humedales de Andalucía, es más, ni siquiera fueron incluidos en las zonas de protección delimitadas por el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía». Una cuestión esta que viene motivando desde hace años duras críticas por parte de los ecologistas contra la Junta de Andalucía, por su aparente pasividad a la hora de proteger este espacio amenazado por planes urbanísticos del Ayuntamiento de Roquetas.

El Consistorio también aclaró, que pese a ser una zona no protegida, la zona conocida como Ribera de la Algaida coincide en gran parte con los espacios libres destinados al futuro Parque Comarcal recogido en el PGOU, que además no están incluidos dentro de los planes urbanísticos que han provocado las movilizaciones, como tampoco lo está el yacimiento arqueológico de Turaniana. Esta parte está considerada en el PGOU como Suelo no Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica Marítimo-Terrestre, que se incluyó en su día en el deslinde de Costas, que años después fue anulado por un defecto de forma por la Audiencia Nacional tras las movilización judicial emprendida entonces por promotores y Ayuntamiento.

La respuesta del Ayuntamiento de Roquetas y otra remitida por la Consejería de Medio Ambiente sobre el vacío existente en la actualidad a la espera del deslinde de Costas, motivó por parte del Defensor del Pueblo la solicitud de información al Ministerio y la consecuente paralización de las actuaciones sobre los planes urbanísticos de Las Salinas «en tanto se recibe dicha información».

Como se sabe, además de la destrucción de las viejas salinas, una de las mayores críticas al proyecto de urbanización que pretende impulsar el Ayuntamiento de Roquetas en la zona, está en la cercanía y la presión a la que se verá sometida la Ribera de la Algaida, con grandes edificios y complejos hoteleros a escasos metros de un espacio para el que desde hace años los ecologistas y conservacionistas piden protección a la Junta de Andalucía.

La innovación al PGOU que permite dividir el sector de Las Salinas en cuatro zonas, para poder desarrollarlo por partes, empezando por la unidad de mayor tamaño y en la que se encuentran las grandes promotoras inmobiliarias, se tratará este viernes en Comisión Informativa de Gestión de la Ciudad.

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