Archivan dos procedimientos contra Amat al no apreciar «irregularidad urbanística»

Archivan dos procedimientos contra Amat al no apreciar «irregularidad urbanística»

La jueza María Purificación Ferreiro concluye que no hay «infracción de carácter penal o administrativo» y que los expedientes relacionados con ambas sociedades «se tramitaron con arreglo a la ley»

EUROPA PRESSROQUETAS DE MAR

El Juzgado de Instrucción 1 de Roquetas de Mar (Almería) ha acordado el archivo de dos de las causas penales contra el alcalde, Gabriel Amat (PP), y el Ayuntamiento roquetero ya que no ha «detectado irregularidad alguna» en la concesión de licencias urbanísticas a las mercantiles 'Inversiones Promadasa SL' y 'Predios del Sureste SL'.

La jueza María Purificación Ferreiro concluye en dos autos del 30 de octubre que no hay «infracción de carácter penal o administrativo» y que los expedientes relacionados con ambas sociedades «se tramitaron con arreglo a la ley».

Señala que, si bien como indicó en su informe el Ministerio Fiscal, «podría haber existido una obligación de abstención» de Amat «por los vínculos que existen entre este y las sociedades» objeto de los dos procedimientos, la resolución administrativa hubiera tenido «el mismo sentido aunque no hubiera tomado parte la persona que tenía obligación de abstenerse».

«No solo no tiene relevancia penal, sino que tampoco la tiene a nivel administrativo tal y como se infiere del Real Decreto 2568/1986, por lo que la decisión seguiría siendo válida».

El auto que decreta el sobreseimiento provisional de las diligencias previas incoadas con respecto a la mercantil 'Inversiones Promadasa SL' recoge que se ofició al Ayuntamiento de Roquetas de Mar para que remitiese copia de las licencias urbanísticas concedidas desde el año 2006 hasta el año 2015 a petición del fiscal.

Indica que, analizado el expediente y la solicitud del Ministerio Público, de lo actuado «no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa » y que procede el archivo «porque tan solo en los supuestos en los que la sociedad en cuestión hubiera recibido alguna clase de beneficio o prevalencia injustificada podría sospecharse sobre la existencia de una infracción penal».

Entre los expedientes analizados, figuran dos solicitados expresamente a raíz del informe de la Policía Nacional y otros tres remitidos por el Ayuntamiento relativos a obras menores.

«El principio de intervención mínima que rige en nuestro sistema penal --remarca la jueza-- obliga a interpretar las normas sancionadoras considerando que deben actuar solo para la protección de bienes jurídicamente relevantes y en la medida en la que no estén protegidos por otras barreras sociales».

Mismos fundamentos se recogen el auto relativo al procedimiento incoado con respecto a la mercantil 'Predios del Sureste SL' y sobre el que también ha dictado sobreseimiento provisional.

En este caso, se solicitó al Consistorio roquetero copia del expediente en el consta la licencia para la construcción de un hotel de cuatro estrellas y, al margen de los mismo argumentos esgrimidos en la resolución sobre 'Inversiones Promadasa SL', señala que, «a mayor abundamiento, el expediente te fue objeto de archivo por desistimiento de la sociedad proponente el 26 de junio de 2006, lo que supone que la ausencia de ilicitud cobra especial relevancia».

Ambas diligencias previas, tal y como se indica en ambos autos, responden a la solicitud del Ministerio Fiscal, que pidió en mayo de 2017 la formación de piezas separadas por cada una de las empresas que conforman el tercer grupo enumeradas en el informe remitido por el Grupo 2º de la Sección de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de la Dirección General de la Policía Nacional de 31 de octubre de 2016.

La causa principal investiga la existencia de «un complejo entramado de empresas dedicadas a actividades inmobiliarias de construcción, promoción, explotación, y otras actividades, creadas, entre otras, por personas relacionadas con el alcalde de Roquetas de Mar que pudieran haber obtenido beneficios derivados de resoluciones urbanísticas».

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