Acusan a Amat de incumplir una sentencia del TSJA que da licencia a un local de copas de Aguadulce

Almudena Sánchez junto al local de copas Alalba de Aguadulce, cerrado por última vez por el Ayuntamiento en 2010. /J. VALDIVIA
Almudena Sánchez junto al local de copas Alalba de Aguadulce, cerrado por última vez por el Ayuntamiento en 2010. / J. VALDIVIA

Hace dos años que salió la sentencia y desde entonces la afectada no ha obtenido respuesta municipal a los escritos que ha presentado

JULIO VALDIVIA ROQUETAS DE MAR

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar no ha otorgado la licencia de apertura a un kiosko-local de copas situado en la rambla de San Antonio de Aguadulce, pese a que desde hace dos años su propietaria tiene una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que le da la razón en el contencioso iniciado hace casi una década por la negativa del Consistorio a concedérsela.

Así lo ha denunciado a IDEAL su propietaria, Almudena Sánchez, quien acusa al alcalde, Gabriel Amat, de «hacer lo que quiere» y negarse a permitir la reapertura de su negocio «por una cuestión personal suya».

Los hechos se remontan al año 2009, cuando coincidiendo con la feroz crisis del sector inmobiliario, Almudena Sánchez, hija del propietario de Urbanizadora de Aguadulce, decide reabrir el kiosko-local de copas existente junto a las Fases de Aguadulce, en la rambla de San Antonio. Se trata de un negocio que, según la denunciante, lleva «toda la vida» en este lugar.

La petición se formula con todos los permisos y requisitos en regla, «tenía toda la documentación de la Agencia Andaluza del Agua, el informe técnico es favorable e incluso tenía la autorización de la Subdelegación», explica. Pero el Ayuntamiento no solo no le dio la licencia, sino que ni siquiera contestó sus peticiones.

Ante el silencio del Ayuntamiento, Sánchez decidió abrir su negocio ese mismo año, pero el primer día la Policía Local se presentó en el lugar exigiendo la licencia de apertura y ordenando su cierre. Tras hablar con el alcalde y el entonces concejal de Urbanismo, José María González, se le pidió nueva documentación que asegura que presentó y esperó un año a que el Ayuntamiento se pronunciara.

Pasado el año, Almudena Sánchez interpretó silencio administrativo del Ayuntamiento y decidió reabrir el local. Nuevamente el primer día la Policía Local se presentó para reclamar la licencia y se volvió a abrir un expediente sancionador.

Según cuenta la afectada, habló con José María González, que le dijo que la aprobación de la licencia «era cuestión de días» e incluso asegura que el propio edil «llegó a llamar al banco en el que tenía la hipoteca para decirle que me dieran un poco de cuello, que en breve tendría la licencia».

Pero finalmente la licencia no llegó y un mes después de la apertura numerosos vehículos de la Policía Local y la Guardia Civil se presentan en el lugar para proceder a su cierre.

Ante lo ocurrido, Almudena Sánchez decidió interponer una denuncia en el Contencioso, que tras cuatro años finalmente ganó, otorgándole los tribunales la preciada licencia del establecimiento. Sin embargo, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar decidió recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, cuya sentencia llegó varios años después, en 2016, dándole nuevamente la razón a la afectada y condenando al Ayuntamiento a asumir las costas judiciales, en una decisión firme contra la que no cabe recurso.

Sin embargo, y pese a los escritos presentados desde entonces por Almudena Sánchez, reclamando el cumplimiento de la sentencia, el Ayuntamiento de Roquetas sigue sin otorgar la licencia, ni responder a sus peticiones.

Silencio administrativo

En su momento el Ayuntamiento de Roquetas argumentó contra la solicitud de la licencia por silencio administrativo, que «las licencias no pueden entenderse adquiridas por silencio administrativo positivo cuando cuando contravienen la ordenación territorial o urbanística». Al parecer, el Consistorio se refirió a la normativa del PGOU que establece que «quedan prohibidas las obras, construcciones, plantaciones o actividades que puedan dificultar el curso de las aguas en los cauces de las ramblas y barrancos, así como en la zona de precaución contra las avenidas delimitadas en 100 ml, a partir de ambos límites del alveolo del cauce».

Sin embargo, como detalla el TSJA en la sentencia, a la que ha tenido acceso IDEAL, se solicitó un informe a la Agencia Andaluza del Agua, competente en esta materia que «determinó que no se necesitaba autorización de este organismo porque la zona en cuestión no quedaba incluida en el dominio público hidráulico, al no estar afectada por la avenida de 500 años». «Por ello, se entiende -asegura el TSJA- que no existe la infracción referida por el ente local al planeamiento para entender que esta situación obsta a la obtención de la licencia por silencio administrativo positivo».

Según explicó la afectada al respecto, el negocio se encuentra en lo que se denomina 'Zona de Policía', algo que según ella también ocurre con grandes edificaciones que se han construido en los márgenes de la rambla de San Antonio contra las que el Ayuntamiento no ha puesto objeciones.

Ante lo ocurrido, Almudena Sánchez no duda en señalar que detrás de todo este conflicto hay una cuestión personal de Gabriel Amat. Según detalló, Amat estuvo en su día interesado en adquirir Urbanizadora Aguadulce, pero el entonces propietario, y en vista de los numeroso enfrentamientos y denuncias que tuvo contra el Ayuntamiento, se negó a vender la sociedad que desarrolló la Urbanización de Aguadulce al primer edil. Finalmente, Urbanizadora Aguadulce fue adquirida por el padre de la denunciante, incluyendo el polémico kiosko que ya llevaba años construido. Desde aquella compra, en 2005, el Ayuntamiento ha modificado el ordenamiento urbanístico de la zona perjudicando en opinión de Almudena Sánchez a la antigua Urbanizadora, cuestiones que todavía se encuentran en los tribunales y cuyo enfrentamiento estaría detrás de los problemas que está sufriendo para abrir su negocio.

El Ayuntamiento de Roquetas no ha respondido a los reiterados intentos de este diario en las últimas semanas, para conocer su opinión o versión de los hechos. IDEAL sí ha podido saber que el Consistorio celebró Junta de Gobierno Local un mes después de la sentencia, en la que se dio cuenta de un informe del letrado municipal en el que se reconoce que «el fallo no es favorable para los intereses municipales y frente a la misma no cabe recurso alguno». A la vista de la decisión del TSJA, la Junta Local de Gobierno acordó entonces dar traslado del contenido de la sentencia al Área de Licencias y Disciplina Urbanística «para estudiar la posibilidad de revisar la licencia adquirida por silencio administrativo.

También se acordó trasladar el fallo a la Sección de Patrimonio para instruir un expediente para incorporar al patrimonio municipal el citado kiosko, en base a una sentencia de 1994 y un acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de 1990, sobre la que no se dan detalles. Con respecto a esta inclusión en el patrimonio municipal, Almudena Sánchez se preguntó por qué se decide iniciar ese expediente tras el fallo del TSJA cuando la sentencia sobre la que se basa el Consistorio tiene ya casi tres décadas.

«Voy a ir hasta el final, ya lo tengo todo perdido»

Almudena Sánchez se declara dispuesta a todo para defenderse de este «atropello», que a su juicio está cometiendo el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y que ella personifica especialmente en el alcalde Gabriel Amat, y «su mano derecha», el secretario municipal, Guillermo Lago.

«Voy a ir hasta el final, lo tengo todo perdido», declaró a IDEAL junto a su malogrado negocio. Para Almudena Sánchez todo lo ocurrido con el local de copas ha tenido un tremendo coste personal, su negocio se cerró con una niña de un año y con una pareja que iba a llevarlo dada su experiencia en el mundo de la hostelería. Sin embargo, la pareja finalmente se rompe meses después del cierre y Almudena pierde tanto la casa, como su coche y todos los ahorros que tenía de dedicarse al sector inmobiliario y que decidió invertir en el local.

«He perdido absolutamente todo a consecuencia de este local, me encontré con que no tenía fuente de ingresos y con una niña pequeña de un año», detalla, mientras anuncia que va a reclamar al Ayuntamiento de Roquetas todos los costes económicos que ha supuesto este conflicto.

Sánchez asegura que no es la única perjudicada por las formas de hacer de Gabriel Amat: «me consta que hay más gente en Roquetas y que no denuncia por miedo». «Él primero te dice que sí a todo, luego te pone excusas y después te coacciona hasta que te aburres», asegura con respecto al primer edil roquetero. «A mí no me va a aburrir, porque tengo la sentencia del TSJA y no sé hasta qué punto incumplir una sentencia es un delito», advierte con respecto a lo ocurrido.

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