«Lo peor de todo es el desamparo que sientes con las leyes que hay, que machacan al propietario»

La afectada vivía del alquiler de su casa familiar en Aguadulce, ahora ocupada. :
La afectada vivía del alquiler de su casa familiar en Aguadulce, ahora ocupada. :

Una vecina de Aguadulce denuncia la ocupación de la vivienda, de cuyo alquiler vivía, por parte de personas que se niegan a marcharse

JULIO VALDIVIA ROQUETAS DE MAR

María no puede evitar emocionarse cuando relata su caso, con la impotencia de quien se siente completamente desamparado ante la pérdida de su vivienda familiar, ocupada actualmente por una decena de personas que desconoce, y a las que sólo un juez o su propia voluntad, pueden desalojar.

La vivienda, situada en Aguadulce, es el único medio de vida de esta madre soltera, que vive en un pequeño apartamento gracias a lo que consigue con el alquiler de la casa familiar. La pesadilla comenzó en noviembre del año pasado, cuando alquiló la casa a unas personas que le pagaron por adelantado varios meses.

El acuerdo era que el 30 de junio pasado debían dejar la vivienda libre, para que María M. E. pudiera alquilarla en los meses de verano a turistas, que es el momento del año que le deja mayores ingresos. Pero ya en marzo comienza a sospechar, al encontrarse en la casa personas que no eran las que la habían alquilado, «empecé a sospechar, pero bueno, pensé que serían familiares», relata a IDEAL.

Ocupación

No fue hasta el 30 de junio cuando María se dio cuenta de que había sido víctima de la ocupación de su vivienda. Ese día la casa tenía que quedarse libre y acudió con el fin de empezar a prepararla para los turistas que ya la tenían reservada, pero allí se encontró con una decena de magrebíes que decían haber alquilado la casa a las personas con las que María firmó el contrato en su día y que no pensaban marcharse. «Parecían deseosos de que llamara a la policía, y finalmente vino la policía y me echaron a mí», explica impotente.

Ahora María se encuentra sin la casa que le proporciona los ingresos para vivir, pero teniendo que hacer frente al pago del IBI, que supone 1.400 euros anuales y, atendiendo a los consejos que le dieron desde la Guardia Civil, teniendo que pagar la luz y agua que los ocupantes de la vivienda consuman. Algo, esto último, a lo que se ha negado, dando de baja ambos contratos al considerar que los inquilinos con los que cerró el acuerdo han subarrendado la casa irregularmente: «Ellos no son inquilinos míos», explica.

Además de perder la vivienda con la que vivía, María también asiste impotente a la venta y pérdida de objetos personales. Al parecer, la casa tiene un trastero cerrado con llave, excluido expresamente del contrato, en el que guarda fotografías, objetos y documentos familiares, muchos de ellos de gran valor sentimental para ella. Su sorpresa fue encontrarse algunos de esos objetos repartidos por la casa en su última visita, además de haber sido advertida por vecinos de los alrededores del traslado de cuadros y otros objetos de la vivienda en una furgoneta, asunto este último por el que también ha presentado una denuncia recientemente.

En estas semanas afirma haber intentado contactar con el arrendatario inicial de la casa en dos ocasiones, «me dijo que intentaría echarles de ahí, pero es mentira». De hecho, pese al corte de agua, han llenado la piscina de la vivienda, han lavado el coche e incluso la calle, motivo por el que ha presentado otra denuncia, para que Hidralia no le responsabilice a ella del enganche ilegal.

«Lo peor de todo es el desamparo que sientes con las leyes que hay, que machacan al propietario», denuncia. Su caso lo ha puesto en manos de un abogado, tras las tres denuncias presentadas sin resultado, e incluso tras haber acudido al Ayuntamiento de Roquetas, donde fue recibida por el concejal de Asuntos Sociales, José Galdeano, y se intentó que el mediador gitano del Consistorio hablara con los autores de esta ocupación, al tratarse de personas de etnia gitana, pero al parecer esa mediación se habría descartado por su supuesta peligrosidad.

En el Ayuntamiento uno de los abogados municipales le planteó dos opciones, una intentar negociar con los ocupantes de la vivienda para que se marchen previo pago de dinero o poner una denuncia en el juzgado, que será lo que hará.

María M. E. asegura sentirse «indefensa» al encontrarse con que «allá donde voy me dicen que tengo que esperar, que es algo que va para largo», mientras se pregunta de qué va a vivir a partir de ahora cuando su único hijo tiene un contrato de ayudante de cocina que acaba este mes y su trabajo hasta ahora era mantener la vivienda cuyo alquiler les daba para vivir.

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