El juez rechaza un ERE para 55 despidos en el centro de manipulado de Agrupaejido

Aprecia defectos "insubsanables" en el citado expediente al no haber precisado qué trabajadores serían los afectados así como tampoco los criterios sopesados para seleccionar a los afectados

EUROPA PRESSALMERÍA

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Almería ha acordado no autorizar la aplicación de un expediente de regulación de empleo (ERE) para el despido de 55 trabajadores del centro de manipulado de Agrupaejido ubicado en La Mojonera (Almería) ante la existencia de defectos "insubsanables" en el citado expediente al no haber precisado qué trabajadores serían los afectados así como tampoco los criterios sopesados para seleccionar a los afectados.

El auto dictado el pasado 21 de noviembre, al que ha tenido acceso a Europa Press, resuelve la petición efectuada por el administrador concursal de la empresa, que se acogió a concurso de acreedores en 2015, por el que se proponía el cese de más de una cuarta parte de la plantilla del centro de trabajo, que cuenta con 194 empleados de los que 28 se encuentran en situación de excedencia. La plantilla total del grupo asciende a 296 trabajadores.

El juez Alfredo Elías apunta en sus fundamentos la existencia de dos listados de trabajadores propuestos por la mercantil para su inclusión en el ERE: uno en el que constan los identificados en el acta final del periodo de consultas y otro de "posibles sustitutos voluntarios" sin que se especifique "cuáles son los verdaderamente afectados por la medida".

Asimismo, el juez explica que en la solicitud del ERE no se aportó la relación de los afectados pese a que en el acta final aparezcan dos listados, uno que pudiera ser "el original" y otro de carácter "parcial" de nueve trabajadores que "se ofrecen" para "sustituir a otros que no se identifican"; todo ello sin una determinación del por qué de esa elección.

Del mismo modo, reprocha a la administración concursal presentara una lista "alternativa" aunque fuera a propuesta por la representación de los trabajadores sobre la que "se limita a referir, en esencia, que no admite la sustitución" de los perfiles propuestos por estar próximos a su jubilación "sin mayores aclaraciones", ya que "debió analizar uno por uno" para razonar su negativa.

Ante esto, el auto incide en que "la no precisión de los criterios de selección de los trabajadores afectados, aún en términos genéricos, frustra la negociación al limitar la información de los representantes de los trabajadores, constituyendo un vicio en el procedimiento".

La resolución judicial ha sido acogida "con mucha alegría" entre la plantilla, según han explicado a Europa Press desde el comité de empresa, donde han manifestado su interés tanto por el bienestar de sus compañeros como por que la empresa "pueda seguir trabajando como hasta ahora". "Queremos dejar de lado todo esto, queremos trabajar y que la empresa pueda darnos trabajo", han apuntado, si bien no descartan que desde la administración se pueda presentar otro ERE.

Ahorro del "coste laboral"

El administrador concursal de Agrupaejido propuso la extinción de 55 puestos de trabajo, entre ellos los de 47 envasadoras, cinco mozos especialistas, un mozo cajero, un oficial administrativo y un comercial, al considerar que el centro de La Mojonera presenta "un coste laboral sobre ventas de entre un 17 y un 20 por ciento", lo que lo situaría "por encima del doble de la media del resto de los otros centros", cuyo coste es del nueve por ciento.

No obstante, el mismo administrador reconoce que en el centro de trabajo, desde 2015 en adelante, se ha producido una "reducción de pérdidas" aunque insiste en que el mismo no sería "rentable" debido a sus "costes de personal", al que no se puede "garantizar el mínimo diario de horas trabajadas" a causa de la "caída brusca de la producción comercializada".

Con esto, el administrador cree que los recortes de plantilla podrían suponer un ahorro salarial de entre 544.000 y 665.000 euros" así como unas disminuciones de aportación a la Seguridad Social de entre 163.000 y 200.000 euros" por campaña; toda vez que evitaría procesos judiciales en el marco de lo social por posibles afectados.

Pese a estas cifras y conjeturas, desde el sindicato UGT han considerado que la empresa "se encuentra en expansión" puesto que en los últimos meses está "alquilando otros centros de trabajo", por lo que esperan poder acceder a una reunión con la dirección para que la empresa "reconsidere" la aplicación de un expediente de regulación de empleo, según ha indicado la secretaria de UGT-FICA en Almería, Francisca Ramírez.

En este sentido, ha asegurado que desde la representación de los trabajadores se mantendrá abierto el diálogo para que "ningún empleado pierda su puesto" y para tratar de que no se produzcan cambios de personal entre centros de trabajo. "Si abren nuevos centros no debe prescindir de una plantilla de tantos años", ha valorado Ramírez, para quien la empresa "está funcionando y puede mantener esos puestos".

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