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Roquetas pide a Costas reducir la franja de protección de su litoral

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turismo CopiarLa organización ecologista Greenpeace ha alertado estos días de los riesgos que entraña la reciente reforma de la Ley de Costas, aprobada por el Gobierno y que permite reducir las franjas de protección marítima hasta prácticamente hacerlas desaparecer en algunos casos concretos. Los municipios que así lo soliciten al Ministerio de Medio Ambiente podrán acogerse a esta medida, y según un listado del propio Gobierno, en respuesta a una pregunta parlamentaria del Grupo Socialista en el Congreso, en el caso de la provincia de Almería solo Roquetas ha solicitado incluirse en esta disposición.


La reforma es para Greenpeace «una gran barra libre a aquellos municipios que menos respetaron la Ley de Costas del año 88 y que más urbanizado han dejado su frente litoral». Una medida que además entraña sus riesgos y la organización ecologista así lo ha puesto de manifiesto tras los recientes temporales que han azotado sobre todo el norte de España y que a su juicio demuestran que el cambio climático está afectando a todo el litoral español.
En el listado elaborado por el Gobierno, aparecen 100 de los 500 municipios con litoral de toda la geografía española, que a fecha de 15 de octubre solicitaron acogerse al cambio legal. Se trata de un 20% del litoral español perteneciente a municipios que en muchos casos «son viejos conocidos de Greenpeace porque han aparecido reiteradamente en las publicaciones sobre la 'Destrucción a Toda Costa'», asegura la organización ecologista.
Se desconoce por el momento si en los últimos meses se han unido a esta disposición otros municipios almerienses, ya que desde la Subdelegación del Gobierno en Almería no se ha facilitado más información a IDEAL hasta el momento sobre el asunto.
El Gobierno negó en su día que la reducción de la protección se fuera a producir de forma generalizada, ya que según se indicó cuando se aprobó la norma, la nueva Ley de Costas lo que hace es regular mejor esa reducción cuya posibilidad ya aparecía contemplada en la Ley de 1988.
Fuentes especializadas en la materia han destacado a IDEAL que la modificación legislativa afecta a los municipios que hayan clasificado en la franja costera como suelo urbano en sus planes generales con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988. Pueden solicitar acogerse a la petición de reducción en aquellos casos que reúnan los requisitos de consolidación edificatoria y de dotación de servicios (un tercio junto con los servicios correspondientes o dos tercios si carecieran de alguno de los enunciados en la disposición). El Gobierno tendrá 18 meses para pronunciarse sobre si procede la reducción de la servidumbre de protección a 20 metros desde el límite interior de la ribera del mar, en lugar de los 100 metros contemplados en la Ley de Costas de 1988.
En caso del municipio roquetero, pocos detalles se conocen hasta el momento del alcance y la intencionalidad de la solicitud de acogerse a este decreto que afectará a las zonas ya consolidadas y que en algunos casos ya fueron deslindadas por Costas en los últimos años. Hasta el momento el Ayuntamiento no ha informado del paso dado para pedir la reducción, ni tampoco de sus planes y motivos que impulsan esta medida que ha sido duramente criticada por los ecologistas.
Teniendo en cuenta que la mayor parte de los 16 kilómetros de costa del litoral roquetero ya están desarrollados urbanísticamente, la modificación puede tener importantes novedades en este terreno en los próximos años, no solo porque puede facilitar la construcción de nuevos edificios en zonas en su día afectadas por deslinde y cuyos propietarios están actualmente en litigios con Costas tras perder la propiedad de los inmuebles, sino también en los casos en los que queden franjas de terreno sin urbanizar.
Uno de los aspectos que más dudas despiertan, es el futuro de las franjas de terreno que tuvieron que dejarse libres con la anterior Ley de Costas que obligaba a retranquear las nuevas construcciones a 100 metros de la costa. Es el caso de la existente en Las Salinas o en el paseo marítimo de la zona de Villa África, en principio consideradas zonas libres y que no han sido acondicionadas como parque y cuyo destino no parece claro con esta medida. En principio el Gobierno asegura que en estos casos no se podrán construir nuevas edificaciones, pero ya hay quien alerta de la contradicción de permitirlo en las zonas que no tuvieron que reservar ese espacio.

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